Ni ahorro, ni mejora, ni perspectivas de futuro. Un año después de que el Gobierno de Ignacio González aplicase un ERE a 829 de los 1.150 trabajadores de la radiotelevisión autonómica, Telemadrid no solo no es sostenible, sino que su situación económica no ha mejorado y su relevancia dentro del panorama mediático sigue cayendo.

Los exempleados de la casa se manifestaron este domingo entre la Plaza de la Villa de Madrid y la Puerta del Sol para recordar al Ejecutivo que siguen peleando por volver a sus puestos. Su objetivo es convertir a Telemadrid, de nuevo, en la autonómica de referencia en España, un puesto que perdió progresivamente tras la llegada de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad.

El futuro depende de la decisión que adopte el Tribunal Supremo. Sin embargo, González ya ha advertido que cerrará Telemadrid si los sindicatos, con sus recursos jurídicos, la hacen "inviable". A la espera del fallo, así está Telemadrid 365 días después.

Las puertas de Telemadrid se cerraron para los trabajadores el 12 de enero de 2013, a los 15 días de la aprobación del ERE y después de que la cadena estuviese un mes sin emitir debido a las protestas de la plantilla. Aunque en el ERE iba a incluir a 861 personas, la cadena comunicó por burofax 829 despidos. A las pocas horas, arrancó de las paredes las fotos y carteles hechas por los trabajadores y sus familias, así como los tablones de información sindical. El PP se negó a que la supervivencia de Telemadrid fuese debatida en el parlamento autonómico.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció el 9 de abril que los despidos no se habían ajustado a derecho, por lo que obligó a la cadena a elevar las indemnizaciones de 20 a 45 días por año trabajado. Durante el juicio, el jefe de Relaciones Laborales de la casa fue expulsado de una de las sesiones por empujar y amenazar a un cámara. Francisco Giménez-Alemán, director de Telemadrid de 2000 a 2003, felicitó a los empleados por su tesón.

UGT, CC OO y CGT recurrieron el fallo al Tribunal Supremo para intentar que el ERE sea declarado ilegal. En ese caso, los despedidos tendrán que ser readmitidos. Pero no es el único conflicto que debe dirimirse.

El comité de empresa espera la sentencia definitiva del Alto Tribunal sobre la paga extra de 2012. Los juzgados de lo Social tramitan los conflictos colectivos por el aumento de la jornada laboral, por la supresión de la entidad colaboradora y por la pérdida de tres días de asuntos propios y del seguro de vida. Los jueces también deben pronunciarse sobre la supresión unilateral de la ultraactividad del convenio colectivo, decisión que ha provocado que los trabajadores cobren ahora 645,30 euros de salario básico. El resto de su sueldo se paga en complementos.

Pese a que Ignacio González aseguró que el ERE se debía a la necesidad de reducir el gasto y hacer sostenible la cadena, la subvención directa que la Comunidad ha presupuestado para Telemadrid para 2014 solo ha bajado un 1,6%, quedándose en 69,8 millones de euros. El ente prevé ingresar 10,5 millones de euros en publicidad este año, un 30% menos de los 15 millones presupuestados en 2013.

Según la auditoría encargada por la dirección a KPGM, Telemadrid tiene un patrimonio neto negativo de 97,8 millones, mientras que las deudas a corto plazo exceden a los activos corrientes en otros 133,7 millones. Las pérdidas acumuladas en los dos últimos ejercicios ascienden a más de 230 millones de euros.

Cuando Esperanza Aguirre llegó al Gobierno madrileño, la audiencia era del 17,1%. Al abandonar el cargo en 2012, la cuota de pantalla estaba en el 5,3%, una caída de 12,1 puntos. Según los datos de Kantar Media, Telemadrid perdió 1,5 puntos de share en 2013, pasando de un 5,3% a un 3,8%. Ello deja a Telemadrid a la cola de las televisiones autonómicas. En junio, cuando la fuga de espectadores ya era evidente, el director general del ente, José Antonio Sánchez, presumió de haber superado su objetivo de llegar al 4% de audiencia.

La producción interna, antes prolija y con éxitos como 'Madrid Directo' o 'Madrileños por el Mundo', se reduce hoy a los informativos. La parrilla se rellena la mayor parte del tiempo mediante reposiciones, reemisiones y películas antiguas. En cambio, y dado que la plantilla ha quedado en 300 personas, el ente gastará 54,2 millones en comprar a empresas los servicios y contenidos que ya no puede realizar con medios propios.

Entre otros, ha suscrito un acuerdo con Warner por valor de 5.556.291 dólares para la emisión de sus películas durante los años 2014-2016. También paga 350.000 euros al mes a Telefónica porque una de sus filiales se encargue de la producción y la realización de su señal. CBM, filial de Secuoya -que tiene como directivo a Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz del Gobierno de José María Aznar- se ha hecho con el suministro de las cámaras de vídeo y del personal necesario para hacer las coberturas informativas, así como los equipos nocturnos de redacción y grabación. El contrato, por tres años, ronda los 1,5 millones de euros.

'Madrileños por el mundo' ha sido adjudicado a la productora Zebra, la misma que se encargaba del fracasado espacio cultural 'Dragolandia' y que cobró de Telemadrid 400.000 euros por cuatro programas. Zebra ha tenido que contratar a trabajadores de la casa despedidos por el ERE para acometer el trabajo.

El ente ha sacado a concurso la gestión de las páginas web del grupo. Incluso se ha deshecho del Canal Metro Madrid, que ha entregado a JCDecaux —encargada de gestionar la publicidad en la red del subterráneo— por ocho años. Onda Madrid ha eliminado sus programas deportivos, una de las mayores fuentes de audiencia de la emisora.

En 2013, la cadena se negó a retransmitir el desfile del Orgullo Gay alegando falta de medios propios y la escasa "relevancia" del evento. Sí dedicó, en cambio, una partida extraordinaria de 60.000 euros para retransmitir las procesiones de Semana Santa.

En abril del año pasado, la falta de medios hizo que Telemadrid se viese obligada a pagar a una productora para retransmitir el partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Barcelona, decisivo para el título de liga. La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) tuvo que pedir disculpas públicas por los fallos durante la emisión. Los narradores de Telemadrid ni siquiera estaban en el pabellón, sino en los estudios de la Ciudad de la Imagen.

Ese mismo mes, la Inspección de Trabajo denunció la opacidad de las subcontratas de Telemadrid, de cuya actividad no se daba cuenta al comité de empresa.

El ERE supuso la desaparición de departamentos enteros de Telemadrid. En la redacción de informativos apenas quedó el 20% de los trabajadores, los pertenecientes a la conocida como "redacción paralela" ideológicamente afín al Partido Popular. El comité de empresa lo calificó de "purga ideológica", ya que se conservaron el 90% de los puestos de dirección y mandos intermedios.

Entre los que han conservado su puesto están la presentadora del 'Diario de la Noche', Ana Samboal, que trabajó en la Secretaría de Estado de Comunicación durante la presidencia de José María Aznar; Vicente Gil Lázaro, director de informativos de fin de semana, presentador y hermano del diputado del PP Ignacio Gil Lázaro; o María Pelayo, jefa de prensa de José Maria Michavila (PP) en el Ministerio de Justicia.

También siguen en la casa Agustín de Grado, director de informativos y ex subdirector del diario La Razón; José Antonio Oviés, subdirector de informativos que fue director del centro territorial de TVE en Asturias con el Gobierno de Aznar; Cristina Ortega, acusada por Consell de l'Audiovisual de Catalunya de vulnerar la Ley de Comunicación Audiovisual por un reportaje en el que se comparaba a nacionalistas catalanes y nazis por el uso del lenguaje; o María López, que calificó el 15-M de violento y escenificó en directo el efecto de los golpes de un martillo sobre el casco de un policía antidisturbios.

La mayoría de los despedidos, en cambio, no ha logrado recolocarse. Una docena de ellos, emigró a Arabia Saudí para encargarse de las retransmisiones futbolísticas en el país del petróleo, según la plataforma Salvemos Telemadrid.

El Consejo de Administración, que se ha reducido a la mitad, está presidido por Arturo Moreno Garcerán, exdirectivo de Telefónica. Garcerán dimitió como vicesecretario general del PP y responsable de acción electoral a raíz de la trama de financiación ilegal del partido conocida como 'caso Naseiro'. La Policía le grabó en conversaciones sobre repartos de comisiones ilegales. Hasta 2012, Garcerán fue asesor de Ribera Salud, una de las empresas que optan a los hospitales públicos cuya gestión quiere privatizar el gobierno autonómico.

Su segundo en el ente es José Antonio Sánchez, director general y también exdirectivo de Telefónica. Está imputado por contratar de forma irregular a una filial la multinacional para realización de la producción y realización de la señal de Telemadrid. El juez investiga si cometió delitos contra los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y delito societario.

El cargo de subdirector general lo ostenta Ángel Martín Vizcaíno, antiguo jefe de gabinete de Ignacio González en la Secretaría de Estado de Inmigración.

Completan el Consejo Manuel Soriano, ex jefe de prensa de Esperanza Aguirre en el Ministerio de Educación y en el Senado y exdirector general de Telemadrid; Elena Cerezo, esposa del alcalde de Alcorcón (David Pérez, a su vez exportavoz del PP en la Asamblea de Madrid) y exjefa de gabinete de los exalcaldes de Boadilla Arturo González Panero y Juan Siguero, imputados en el 'caso Gürtel'; y Jorge Rábago, experto electoral del Partido Popular.

La línea informativa de Telemadrid se ha mantenido después del ERE. También lo han hecho las críticas del comité de empresa y de los extrabajadores, que se manifiestan cada jueves frente a la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol.

Salvemos Telemadrid denunció en julio de 2013 que la Consejería de Sanidad se había inventado, con la connivencia de Telemadrid, una visita de los responsables del sistema de salud británico (National Health Service) que nunca existió. El encuentro, vendido por los servicios informativos como un triunfo del modelo de gestión privada, fue, en realidad, una gira de estudio realizada por la consultora PriceWaterHouseCoopers.

El diario Infolibre publicó en octubre que Telemadrid compró los derechos del fútbol del Atlético de Madrid y el Getafe por 270 millones a sabiendas de que la operación sería un fracaso económico. También reveló que la cadena hizo negocios opacos con el Atlético y con su presidente, Enrique Cerezo, al que, a su vez, Telemadrid compró los derechos de emisión de películas de cine. Cerezo es amigo personal de Ignacio González. El PP vetó todas las preguntas y comparecencias solicitadas por la oposición en la Asamblea de Madrid.

De nuevo en octubre, la cadena anunció una entrevista exclusiva a Miguel Ángel Flores, principal imputado por la muerte de cinco adolescentes en el 'caso Madrid Arena'. En realidad, se trataba de una entrevista realizada por el diario El Mundo.

La cuenta de 'El círculo a primera hora' sigue lanzando mensajes en la red social Twitter a pesar de que Telemadrid dejó de emitir el programa hace un año. Los artículos que difunde son los que la expresentadora del programa, Ely del Valle, escribe en el diario La Razón o en El Semanal Digital.

A pesar de estar despedidos, los extrabajadores de Telemadrid siguen siendo reconocidos. Un grupo de ellos fundó la plataforma TM-EX, galardonada con el Premio Ciudad de Alcalá de Henares de Periodismo Manuel Azaña por su reportaje sobre el cierre de la factoría industrial de Roca en la localidad.

El Colegio de Psicólogos premió a dos exempleados más por el trabajo 'Demasiado Humanos', acerca del Trastorno Límite de la Personalidad (TLP). El portal Periodisticos.com, dirigido a profesionales de la comunicación, estudiantes y becarios, concedió a la Plataforma Salvemos Telemadrid el premio a la causa periodística del año.

La Asociación de la Prensa de Madrid ha apelado a Ignacio González para exigirle que asegure el futuro de Telemadrid y no cierre la cadena pública, como ocurrió con la radiotelevisión valenciana, que dejó de emitir en noviembre de 2013 por orden de la Generalitat. El presidente regional mantiene que el ente cerrará o se privatizará si su gasto no se reduce.