La decisión de la justicia alemana de denegar la extradición a España del Carles Puigdemont por rebelión impediría al Tribunal Supremo juzgarlo por ese delito y limitaría su acusación a la causa por malversación de fondos públicos, al menos en la causa que actualmente instruye el juez Pablo Llarena.

La legislación sobre la orden europea de detención y entrega (euroorden) impide a un tribunal español juzgar a un reclamado por un delito distinto a aquellos por los que lo entrega el país en el que ha sido detenido. Aunque esa misma ley abre una posibilidad para que el expresident sea juzgado por rebelión en un futuro, después de cumplir una primera condena por malversación en el caso de que le fuera impuesta.

Para que ese segundo juicio fuera posible, una vez recuperada la libertad debería pasar 45 días en territorio nacional o irse al extranjero y regresar. Actualmente, el juez del Supremo Pablo Llarena reclama a Puigdemont por un delito de rebelión (penado con hasta 25 años de cárcel) y otro de malversación de caudales (hasta 8 años de prisión).

Pero la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha descartado el delito de rebelión en el proceso de extradición porque considera que no se cumple el requisito de la violencia. Es la misma interpretación que hace la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien ha procesado al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y a los exjefes políticos del cuerpo policial por sedición, al entender que no hubo violencia en el acoso a la Conselleria de Economía ni en la jornada del 1-O.

Esa decisión conduce a una situación en la que el Supremo podría juzgar por rebelión a parte del antiguo Govern de la Generalitat, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras, y a los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pero no a Puigdemont, a quien el juez Llarena considera principal responsable. El tribunal alemán aún debe decidir si lo extradita por malversación de caudales públicos y, de ser así, Puigdemont solo sería juzgado por ese delito. Al menos en el actual proceso. Otro de los posibles escenarios que abre la decisión del tribunal alemán es la retirada de la euroorden.

El juez Llarena ya tomó esa decisión el pasado 5 de diciembre, poco después de asumir la causa, cuando retiró las órdenes de detención que había dictado anteriormente la juez Lamela contra Puigdemont y los cuatro exconsellers que huyeron con él a Bruselas. Lo hizo ante la perspectiva de que Bélgica no lo entregara por los delitos más graves, lo que, según plasmó en su auto, perjudicaría el proceso y a los acusados que sí que se pusieron a disposición de la justicia.

El expresidente catalán Carles Puigdemont no podrá dejar Alemania sin autorización de la Fiscalía y deberá presentarse cada semana ante la policía de Neumünster, según ha determinado la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein al acordar su libertad condicional. Fuentes de la defensa confirmaron a Efe estas condiciones, que se suman a la fianza de 75.000 euros impuesta por la Audiencia para su salida de la prisión de Neumünster, donde está recluido desde el 25 de marzo, mientras estudia su extradición a España por malversación de fondos públicos, pero no por rebelión.

"Es un éxito para nuestro cliente, que siempre expresó su confianza en la justicia alemana", indicó a Till Dunckel, portavoz de los abogados alemanes Wolfgang Schomburg y Sören Schomburg que se han hecho cargo en el país de la defensa del líder independentista. Según apuntó, es difícil pronosticar cuándo podrá hacerse efectivo el pago de la fianza y garantizar el cumplimento del resto de condiciones impuestas por la Audiencia. "Estamos movilizando todos los recursos para hacerlo posible cuanto antes, lógicamente", añadió.

La fianza deberá ser depositada, en efectivo o bajo "otras fórmulas garantizadas", en la Fiscalía General de Schleswig-Holstein. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein acordó hoy seguir con la tramitación de la extradición de Puigdemont a España por el delito de malversación de fondos públicos, pero descartó el de rebelión que le imputa la justicia española.

A su juicio, aunque persiste el riesgo de fuga, se ha rebajado de forma notable al declararse "inadmisible" el delito de rebelión, por lo que puede decretarse la libertad condicional. Ante la cárcel de Neumünster, un único simpatizante independentista, Eduard Alonso, vecino de Girona como Puigdemont, expresaba su alegría y descorchó la botella de espumoso alemán que guardaba en su furgoneta desde que llegó a esa ciudad, el viernes de la semana pasada, para seguir los acontecimientos.