En su resolución, el SAS reconoce que el fallecimiento de la paciente «podría haber se evitado» si el servicio público hubiera funcionado bien.
Los hechos se remontan a junio de 1999, cuando a la mujer le diagnosticaron una pericarditis constrictiva y valvulopatía aórtica. Aunque precisó asistencia hospitalaria en varias ocasiones durante el año siguiente, la operación no fue fijada hasta el 29 de enero de 2001. Pero su estado se agravó y la mujer tuvo que ser ingresada en el Virgen de las Nieves el 30 de diciembre de 2000. Durante su estancia experimentó un «progresivo empeoramiento que no fue advertido por el equipo médico hasta su fallecimiento», el 11 de enero de 2001; dieciocho días antes de la fecha señalada para la operación.
Según el Defensor del Paciente, la mujer nunca debió entrar en la lista de espera para ser intervenida.
Esta tesis está avalada por un informe del Departamento de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de Granada que indica que la mujer terminó formando parte de esta lista cuando los síntomas de su enfermedad «eran tan avanzados que un simple retraso de días originó su muerte».
Al parecer, los quirófanos del hospital estaban en obras y el centro consideró que su estado no justificaba el traslado a otro.




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