El Partido Popular ha emitido un comunicado mediante el cual sostiene que nunca ocultó la misión de policías españoles a la ilegal base militar estadounidense de Guantánamo, Cuba, y responsabiliza al Gobierno de pretender manipular a la ciudadanía con noticias que desvían la atención de lo que ellos consideran "la auténtica realidad".

Al respecto, recordó en un comunicado que El Mundo había publicado el 12 de febrero de 2004 que Estados Unidos había aceptado entregar al español preso en Guantánamo después de que el Gobierno de Aznar le diera garantías de que sería juzgado en España, tras haber sido sometido a "múltiples interrogatorios".

Según el PP, el 'destape' de la misión española a Guantánamo ha sido una operación mediática "con la que el Gobierno ha pretendido tapar su plan para excarcelar a de Juana Chaos "

El mismo partido afirma que "nunca fue un secreto la presencia de funcionarios españoles en Guantánamo", pero justificó su presencia en que fueron "a tramitar la repatriación de los españoles que pudieran estar allí ilegalmente detenidos".

Recordó que uno de los policías contó "pormenorizadamente los detalles de su misión en dos juicios en la Audiencia Nacional", y que tanto antes como después del viaje "informó a la autoridad judicial".

Sin embargo, El País ha informado de que la Audiencia no autorizó tal misión y que el juez Baltasar Garzón, titular en ese momento, sólo se enteró al regreso de la misión, cuando le informaron de los resultados.

Lejos de aprovecharse de la ilegalidad de la detención de los presos de la base, que quedan fuera de la protección del derecho internacional humanitario (El País sostiene en sus informaciones que incluso un militar estadounidense instó a los funcionarios españoles a aprovechar la falta de restricciones legales para obtener la información que necesitaran), el PP dice que la misión "tenía como objetivo identificar a los españoles detenidos ilegalmente en Guantánamo y ponerles a disposición de la justicia española con todas sus garantías, como así sucedió".

Señaló que la formación de centroderecha "siempre ha condenado la existencia de Guantánamo" por su situación de "limbo jurídico", pues su postura es luchar contra el terrorismo desde "la legalidad democrática".

El País informó en un principio que la misión no había obtenido autorización judicial y, posteriormente que el Partido Popular había negado conocer la existencia de la misión.

El portavoz de Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, aseguró que fue una "misión diplomática" realizada con el "conocimiento del juez".