La Asociación de Vecinos Puente Santiago ha criticado que el Ayuntamiento de Zaragoza le multe con 750 euros por colocar 10 carteles en el barrio.

"La conclusión es que cualquier organización civil, vecinal o cultural no va a poder dar información a los ciudadanos porque será sancionado, incluso a nivel particular", han señalado.

En un comunicado han relatado que cuando el Gobierno de Zaragoza anunciaba que derogaba la Ordenanza Cívica, llamada del "Botellón", el vicealcalde, Fernando Gimeno, declaraba que "con todo ello, se avanza en la armonización de la normativa municipal, se unifican criterios y procedimientos administrativos y se fomenta la adecuada convivencia y utilización de los espacios públicos par parte de la ciudadanía".

Pero los hechos demuestran "todo lo contrario", han lamentado para criticar que el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, pretende "penalizar" a un miembro de la Asociación de Vecinos de Puente Santiago por colocar 10 carteles (tamaño folio, con celo en las cuatro esquinas) en los que se convocaba una manifestación autorizada para reclamar la reposición del servicio de autobuses en la zona Norte del Actur, que el propio Ayuntamiento había suprimido.

Para las Asociaciones Vecinales del Actur esta multa es un "ataque represivo a la libertad de comunicación de las asociaciones que no tienen otro medio para informar a los vecinos".

Al respecto, han señalado que en reiteradas ocasiones desde la FABZ han manifestado la necesidad de disponer espacio públicos de información adecuados y suficientes para desarrollar nuestra labor de difusión.

"estado policial"

"Creemos que no se puede reprimir al Movimiento Ciudadano por este tipo de acciones que de ninguna manera afectan a la convivencia y al comportamiento de los ciudadanos en el espacio público de la ciudad", han incidido.

El procedimiento utilizado por el Ayuntamiento de Zaragoza trata más bien de "intentar acallar las protestas de las Asociaciones de Vecinos, en su derecho a manifestar en la calle sus reivindicaciones sobre la reestructuración de las líneas de autobuses2.

Por otra parte, han estimado que "resulta sospechoso que se pretenda sancionar a un miembro de una asociación de vecinos por la colocación de carteles de ámbito informativo, mientras la ciudad está plagada de carteles comerciales y de todo tipo".

Para este colectivo vecinal, "la conclusión es que cualquier organización civil, vecinal o cultural no va a poder dar información a los ciudadanos porque será sancionado o incluso a nivel particular. Si se te ha perdido el perro o el gato, o si ha desaparecido una persona, ojo, el Ayuntamiento te dará una colleja de hasta 750 euros".

Así, han sintetizado que "creemos que estos hechos atentan contra los derechos y libertades de los ciudadanos y que pretenden sancionar a los colectivos sociales. Son medidas desproporcionadas, injustas y abusivas y que parecen más bien obra de un Estado policial. Y son medidas que vemos criticar por parte de los políticos cuando están en la oposición, pero que practican cuando están gobernando".