La Cámara de Cuentas, órgano que fiscaliza el uso de los presupuestos públicos en la Comunidad de Madrid, ha encontrado irregularidades en dos de los hospitales públicos de gestión privada de la región, según adelanta la Cadena Ser.

En su informe de 2011 sobre los convenios entre la sanidad pública y las empresas, la institución destaca que los hospitales de Valdemoro (gestionado entonces por Capio, hoy IDC Salud) y Torrejón (hoy en manos de Sanitas, pero que en ese año administraba Ribera Salud) subcontrataron servicios con empresas externas sin pedir permiso a la Consejería de Sanidad, tal y como estaban obligados según los contratos firmados con la Administración.

En el caso de Valdemoro, Capio obvió la legalidad al externalizar desde servicios de ginecología (especialidad que se encuentra entre las más demandadas y con más lista de espera en la región) hasta operaciones de cirugía general.

Los gestores del Hospital de Torrejón siguieron el mismo camino y enviaron a pacientes del área de nefrología a centros ajenos.

Los hospitales de Valdemoro y Torrejón se gestionan mediante el conocido como 'modelo Alzira', es decir, la empresa adjudicataria se ocupa tanto de contratar al personal sanitario como al no sanitario. De esta forma, los médicos no son trabajadores públicos. Del mismo modo, sus retribuciones son inferiores a las de los profesionales que trabajan en la medicina pública.

La Comunidad de Madrid quiere extender este modelo a los hospitales de Parla, San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Coslada, Aranjuez y Arganda, pero el proceso está parado en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid decidirá sobre los recursos presentados por partidos políticos, sindicatos, colectivos sociales y profesionales sanitarios en el mes de enero.

La puesta en marcha de los hospitales de gestión privada de Valdemoro y Torrejón, ahora señalados por la Cámara de Cuentas, ha motivado la imputación de los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela y Juan José Güemes. La querella, presentada por la asociación de médicos especialistas Afem acusa a ambos políticos de los delitos de "prevaricación y cohecho" por beneficiarse de las privatizaciones que acometieron.