Cientos de mujeres han mostrado este sábado en diversas localidades de Euskadi su rechazo a la reforma de la ley del aborto y han pedido a las instituciones vascas que se declare insumisas ante la postura adoptada por el Ministerio de Justicia.

La plataforma Feminista de Euskal Herria por el derecho al aborto se ha concentrado frente al hospital de Cruces, en Barakaldo, donde han simulado una veintena de abortos y han subrayado que están "a favor de la vida", aunque la maternidad "debe ser una opción y no una obligación".

También ha habido movilizaciones frente al Hospital Donostia de San Sebastián, donde algunas mujeres han pasado la noche en tiendas de campaña, mientras que en Ermua una treintena ha pasado la noche en el Ayuntamiento, habiendo desalojado las instalaciones municipales sobre la una de la tarde.

En el acto desarrollado en Barakaldo, que ha contado con la presencia del portavoz nacional de Alternatiba, Oskar Matute, y de la concejal de Bildu en el Consistorio de Bilbao, Ana Etxarte, las participantes han mostrado "su más profundo rechazo" a la intervención de la Ertzaintza de este viernes cuando desalojó del centro hospitalario a varias mujeres que tenían la intención de pasar allí la noche.

Tras subrayar que han elegido el hospital de Cruces para movilizarse por ser el mismo centro donde "hace 25 años llevamos a cabo movilizaciones similares", han exigido "el derecho al aborto libre, gratuito y en la red pública".

En este contexto, han exigido a la iglesia católica que abandone "esta cruzada contra las mujeres y deje de ocupar espacios y debates que no le corresponden" y a las instituciones vascas "que se declaren insumisas a la Ley Gallardón".

A su juicio, la reforma de la ley supone un "grave atentado" contra el derecho de la mujer a decidir, al concebir a las mujeres "como meras incubadoras". "Nos concibe como víctimas pasivas y no como sujetas activas con capacidad de decisión", han criticado.

Asimismo, han remarcado que la ley "solo ha sido apoyada a nivel europeo por la extrema derecha más conservadora e integrista" y han incidido en que la nueva legislación "convertirá en delincuentes a más de 106.000 mujeres que abortaron en el Estado durante el pasado año".

Por último, han denunciado que las consecuencias más negativas serán para las mujeres con poco recursos, que tendrán que abortar en la "clandestinidad, poniendo en riesgo sus vidas". "Frente a esta ley restrictiva exigimos una que garantice el aborto en la sanidad pública, donde se asegure nuestra libertad para decidir sobre nuestro cuerpo y disfrutar de nuestra sexualidad", han finalizado.