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El Gobierno de Aznar envió ilegalmente policías a Guantánamo para interrogar a 20 presos

  • Acompañados por agentes de la CIA.
  • Ningún juez español autorizó este viaje.
  • Con Federico Trillo como ministro de Defensa y Ángel Acebes de Interior.
  • Uno de los interrogados asegura que intentaron 'comprar' su declaración.

El Gobierno presidido por José María Aznar, durante la época en la que Federico Trillo era el titular de Defensa y Ángel Acebes de Interior, autorizó el envío de policías a Guantánamo para interrogar, entre el 21 y 26 de junio de 2002 y sin autorización de ningún juez español, a 20 presos de este centro, según informa El País.

 

Les conté mi verdad, pero ellos querían que les dijera que era un terrorista y que me entrené en Afganistán, algo que no era verdad

Los funcionarios envíados pertenecían al Cuerpo Nacional de Policía y viajaron en compañía de agentes de la CIA.

Rafael Gómez Menor, uno de los jefes de la Unidad Central de Información Exterior, coordinó la operación, en la que participaron otros tres policías, tenía como objetivo continuar en Guantánamo una investigación, abierta años antes, sobre la celula del sirio Abú Dahdah, supuesto jefe de Al Qaeda en España.

Entre los 20 interrogados, la mayoría marroquíes, se encontraba Lahcen Ikasrrien, detenido en 2001 en Afganistán y hoy residente en Madrid tras ser absuelto por la Audiencia Nacional de todos los cargos. La Audiencia no aceptó ni siquiera las pruebas y testimonios aportados por los policías españoles enviados a Guantánamo.

Ikasrrien asegura que los policías españoles le ofrecieron dinero y la condición de testigo protegido si colaboraba con ellos. "Les conté mi verdad, pero ellos querían que les dijera que era un terrorista y que me entrené en Afganistán, algo que no era verdad", afirma.

El Tribunal Supremo ha declarado que los interrogatorios a uno de esos 20 presos, un ceutí llamado Hamed Abderrahaman Ahmed, "se hicieron sin previa información de derechos, sin asistencia letrada y sin autorización ni mandato de la autoridad judicial española competente".

También considera Guantánamo como "un limbo en la comunidad jurídica de imposible justificación". 

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Dice ser Jenaro
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Dice ser Jenaro, 17.02.2007 - 13.19h

El terrorismo y su contestualización internacional

Los Gobiernos de Europa en el contesto de él terrorismo tienen que diseñar su política dentro de el contesto Internacional.
Y una de las determinantes es realizarlo en modo y forma como marcan las directrices internacionales en lo que a Justicia Criminal le son de referencia, no estamos solos estamos anclados en un mundo globalizado y las Leyes internacionales priman sobre las nacionales.
Cuando hay que determinar un apartado en forma y manera de un procedimiento para el terrorismo interno, lo primero que hay que ver es si vulnera alguna Ley o Directriz que sea de referencia internacional, en lo que concierne a Justicia, cooperación policial,
militar, y victimización.
Las Leyes internacionales tanto en cuanto a la criminología le es de referencia en los tratados internacionales en la aplicación de la justicia criminal internacional, en el tema de victimología y la atención a las victimas y la justicia.
No se pueden tomar decisiones unilaterales, como las de Guantánamo, hay que trabajar dentro de una estrategia internacional, y el gobierno que toma una determinación de este tipo sin contar, primero con el órgano representativo de la Justicia Criminal, y a su vez autorizado por el Juez internacional de asuntos internacionales y estar autorizado por el parlamento, con los permisos Judiciales, y policía judicial, y habiendo consultado a los órganos oficiales Europeos, y máxime si la intervención se hace en otro país fuera del entorno Europeo y en forma encubierta, si se hace encubierto ha que aplicar las leyes internacionales, y consulares, para actuar en forma encubierta hay Leyes internacionales que deben ser de cooperación internacional pero además el Ministro del Interior nacional debe solicitar permiso del Fiscal General y deben ser agentes judiciales los que realicen esta función, y alertar a los órganos internacionales, por si fueran detenidos y ante un presunto juicio con lo que esto representa en la disfunción de actuación de las leyes nacionales de los países de nuestro entorno, y más si se produce en un entorno de EE.UU que tienen patente de corso según sus Leyes sobre Inteligencia, civil o militar.
Por tanto si estos requisitos no se han cumplido a rajatabla y se presentan los documentos justificativos y oficiales que todo se ha realizado en función de las Leyes internas sobre el particular y actuando siempre en función de la cooperación y las Leyes internacionales al respecto, se ha cometido un delito grave, que debe ser investigado, en una investigación parlamentaria y poniendo el asunto en manos del tribunal internacional, si se demuestra el delito, todos los que intervinieron en el asunto deben ser cesados en sus cargos, policiales y/o políticos por decisión polaca y Judicial y/o a las penas judiciales y penales que les pudieran aplicar los jueces.

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