El Gobierno presidido por José María Aznar, durante la época en la que Federico Trillo era el titular de Defensa y Ángel Acebes de Interior, autorizó el envío de policías a Guantánamo para interrogar, entre el 21 y 26 de junio de 2002 y sin autorización de ningún juez español, a 20 presos de este centro, según informa El País.

Rafael Gómez Menor, uno de los jefes de la Unidad Central de Información Exterior, coordinó la operación, en la que participaron otros tres policías, tenía como objetivo continuar en Guantánamo una investigación, abierta años antes, sobre la celula del sirio Abú Dahdah, supuesto jefe de Al Qaeda en España.

Entre los 20 interrogados, la mayoría marroquíes, se encontraba Lahcen Ikasrrien, detenido en 2001 en Afganistán y hoy residente en Madrid tras ser absuelto por la Audiencia Nacional de todos los cargos. La Audiencia no aceptó ni siquiera las pruebas y testimonios aportados por los policías españoles enviados a Guantánamo.

Ikasrrien asegura que los policías españoles le ofrecieron dinero y la condición de testigo protegido si colaboraba con ellos. "Les conté mi verdad, pero ellos querían que les dijera que era un terrorista y que me entrené en Afganistán, algo que no era verdad", afirma.

El Tribunal Supremo ha declarado que los interrogatorios a uno de esos 20 presos, un ceutí llamado Hamed Abderrahaman Ahmed, "se hicieron sin previa información de derechos, sin asistencia letrada y sin autorización ni mandato de la autoridad judicial española competente".

También considera Guantánamo como "un limbo en la comunidad jurídica de imposible justificación".