La Diputación de Sevilla ha firmado este lunes un convenio con la Universidad de Sevilla (US) y la también sevillana Universidad Pablo de Olavide (UPO) para destinar un fondo de 30.000 euros —que podría incrementarse en función de que las necesidades consigan cubrirse por completo o no— a alumnos de la provincia en riesgo de exclusión al quedar afectados, entre otros aspectos, por la política de becas del Gobierno de la nación.

En rueda de prensa, el rector de la US, Antonio Ramírez de Arellano, ha explicado que, teniendo en cuenta las singularidades de cada convocatoria universitaria, esta cantidad —de la cual 20.000 euros irán destinados a la Hispalense y 10.000 a la UPO— podrá ir consignada a ayudas "de todo tipo", incluyendo conceptos como el alojamiento, el transporte o los comedores, "que son, más que la matrícula en sí, los que permiten la posibilidad de venir a Sevilla a estudiar, algo que es muy caro".

La idea fundamental es tratar de evitar que estudiantes que rinden en su trabajo deban abandonar los estudios en mitad de éstos por causas sobrevenidas de índole económica, al quedar afectados por los nuevos requisitos solicitados para poder disfrutar de una beca. "Como es natural, ni las universidades ni la Diputación pueden sustituir la competencia de otras administraciones, pero sí podemos echar una buena mano en cuestiones sociales", ha apuntado el rector de la US, institución que en 2013 ha destinado 170.000 euros para ayudas sociales extraordinarias.

En parecidos términos se ha expresado su homólogo en la Olavide, Vicente Guzmán, que ha agradecido la labor de la Diputación, institución que se "dignifica" cuando "solventa problemas que tienen que ver con lo público".

El principal conflicto comienza a verse en diciembre —los estudiantes ya han comenzado a solicitar el fraccionamiento de pago— y, sobre todo, en los meses de marzo y abril, cuando el Ministerio comience a dar a conocer las denegaciones de ayudas. Y es que a pesar de que muchas familias hacen un esfuerzo, "sacan el dinero de otra parte, lo que no es más que cambiar el problema de lugar".

Por ello, la UPO también trabaja en la activación de una bolsa económica para cubrir estas necesidades. Así, el Patronato de la Fundación Conocimiento y Cultura ha decidido constituir un fondo de 35.000 euros para becas y ayudas a estudiantes, cantidad que, según ha indicado a Europa Press Guzmán, con toda probabilidad seguirá incrementándose, pues las gestiones de captación continúan.

Por lo demás, el rector de la UPO ha reconocido que a posteriori, y siempre que quede garantizado el sistema de igualdad de oportunidades, se podría hablar del sistema de incentivos para los que más rindan, así como de la conveniencia de introducir la cultura de que los que puedan reintegren, al menos, una parte de esas ayudas cuando cuenten con recursos para ello.

VILLALOBOS:

"no esperemos al cambio para derogar una ley"

Villalobos, de su lado, ha resaltado que "algo falla" con actos como los de este lunes, pues "si las administraciones competentes en esta materia destinaran los medios presupuestarios necesarios no estaríamos firmando estos acuerdos", puesto que la Diputación no es responsable de estas ayudas más allá de su "obligación moral".

También ha incidido en que "hasta que en este país no se considere a la educación como una cuestión de estado estaremos con estos vaivenes" y ha mandado un mensaje a los partidos políticos: "no esperemos al cambio para derogar una ley, pongámonos antes de acuerdo en lo básico".

La Diputación ha abierto las puertas, asimismo, a una mayor dotación "si lo solicitan los rectores, cuando vean que los recursos se han gastado y que hay más demanda de los estudiantes de los pueblos". La cuantía, según Villalobos, sería "la necesaria, siempre que no sea excesiva; no tenemos para tirar cohetes, pero sí margen suficiente para que por treinta, cuarenta o cincuenta mil euros no se queden los chavales sin estudiar, pues sería una vergüenza".

Mientras que la Hispalense cuenta con "cientos" de personas que podrían verse beneficiados de estas ayudas, la UPO da cuenta de un colectivo de riesgo que se cifra en casi 700 estudiantes, haciendo también hincapié en la existencia de un centenar de alumnos que además de no obtener la beca se ven abocados a devolver la que ya habían disfrutado por el factor "sorpresivo" de tener que reintegrarla por no llegar al rendimiento académico requerido.