El Gobierno ya ha dicho por activa y por pasiva que el referéndum independentista no se celebrará en Cataluña, pero Artur Mas y los partidos independentistas están decididos a forzar esa votación en el Congreso, pese a que tiene nulas posibilidades de salir adelante.

El pasado 13 de diciembre, CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP registraron en el Parlamento de Cataluña una proposición de ley por la que solicitan al Gobierno central que delegue en la Generalitat la competencia para autorizar, convocar y organizar referendos, en virtud del artículo 150.2 de la Constitución.

La iniciativa se aprobará en principio en el Parlamento catalán a mediados de enero, después de las fiestas navideñas, y será entonces cuando los partidos nacionalistas que apoyan esta consulta decidan cómo y cuándo la presentan después en la Cámara Baja. Y es que dependiendo de la fórmula legislativa que escojan, la propuesta podría votarse en la Cámara Baja esta misma primavera o quedar pendiente hasta después incluso del verano de 2014.

La opción más rápida sería que los partidos catalanes con representación en el Congreso —CiU, ERC e ICV— presentaran ellos mismos una proposición de ley con el mismo contenido de la propuesta aprobada en el Parlamento de Cataluña. Aunque enero es inhábil a efectos parlamentarios y su tramitación oficial no comenzaría hasta febrero, la propuesta llegaría con relativa rapidez al pleno y podría debatirse a finales de marzo o principios de abril.

La segunda vía, mucho más lenta, sería una proposición de ley remitida directamente por el Parlamento de Cataluña. Dado que las iniciativas legislativas de los Parlamentos autonómicos tienen un cupo muy reducido y sólo se elevan al pleno en la primera sesión de cada mes, los cálculos apuntan a que llegaría al pleno justo antes del parón veraniego o, incluso, en el siguiente periodo de sesiones.

Aunque esta opción postergaría el debate, tiene una clara ventaja: la propuesta ganaría protagonismo y visibilidad mediática y política porque sería defendida ante el pleno por uno o varios representantes del Parlamento de Cataluña. En un claro paralelismo con el fracasado plan del lehendakari Juan José Ibarretxe, el presidente de la Generalitat también tendría la potestad de subirse a la tribuna del Congreso para solicitar al Parlamento nacional la autorización para su consulta independentista.

El llamado Plan Ibarretxe fue rechazado en febrero de 2005 por una amplísima mayoría del Congreso, 313 votos en contra, 29 a favor y 2 abstenciones, un panorama que se repetirá con toda probabilidad con la iniciativa catalana. En principio, la consulta tendrá la oposición de cerca del 90% de la Cámara: los 185 diputados del PP, los 110 del PSOE y los cinco de UPyD, a los que hay que sumar los diputados de los partidos no nacionalistas que están integrados en el Grupo Mixto.

El anterior precedente de convocatoria de una consulta popular con tintes independentistas también remite al lehendakari Ibarretxe. En septiembre de 2007 anunció una consulta popular sobre el futuro del País Vasco que se articuló a través de una ley de consultas aprobada por el Parlamento Vasco el 27 de junio de 2008.

Inmediatamente de su aprobación en el BOE, la ley vasca fue recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por el PP, entonces en la oposición. El Alto Tribunal admitió los recursos y suspendió la consulta popular y, en septiembre de ese año, la declaró nula por invadir competencias del Estado.

Argumento al que vuelve a agarrarse el actual Gobierno de Mariano Rajoy para repetir que la consulta independentista en Cataluña es claramente ilegal y que nunca se celebrará. El artículo 92 de la Constitución es taxativo: la competencia exclusiva para convocar referendos consultivos la tiene el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, con previa autorización del Congreso de los Diputados. Parece claro que como ocurrió con los planes de Ibarretxe, el Congreso, también esta vez, dirá que no.