Un juez de Madrid ha prohibido a cinco de los siete jóvenes detenidos tras los disturbios en la convocatoria Rodea el Congreso del pasado 14 de diciembre acercarse a 500 metros de la sede de la Cámara Baja, en una decisión novedosa en este tipo de actuaciones.

Esta decisión solo afecta a los cinco mayores de edad, ya que los otros dos detenidos son menores y pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores, según fuentes de la investigación. Las mismas fuentes han señalado que por primera vez, y por la gravedad de los hechos delictivos, se les ha impuesto esa prohibición, lo que les impedirá participar en nuevas manifestaciones ante el Congreso.

El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, Pedro López, ha dictado el auto y ha rebajado a 500 metros la distancia que pedía el fiscal, que demandó la prohibición de acercarse al Congreso a una distancia no inferior a 1.000 metros. La prohibición estará en vigor hasta que finalice la investigación de la causa .

Durante la protesta, tal y como figura en el atestado policial que recoge el juez, un grupo de participantes en la protesta rodeó e insultó a los agentes de la Policía que protegían el edificio y les lanzaron diversos objetos, además de propinarles patadas, lesionando a once de ellos.

Los detenidos han reconocido ante el juez su participación en la protesta, una intervención corroborada por los reconocimientos fotográficos.

El juez considera que el valor probatorio de esas fotografías hubiera aumentado si se hubieran incorporado a la causa los partes facultativos de la atención dispensada a los agentes heridos, "cuya integridad física quedó menoscabada", así como la factura o presupuesto de la reparación de los daños causados. No obstante, el magistrado entiende que con las fotografías es más que suficiente para poder imponer esa prohibición.

"Si a ello se une la gravedad de los hechos analizados", como atentar contra la integridad física de las personas y contra el patrimonio de un organismo estatal, la medida cautelar debe adoptarse para "impedir la repetición futura de hechos de parecidas características", subraya el auto.

Justifica el juez la rebaja de la petición fiscal de 1.000 a 500 metros en que la primera "restringiría en exceso las posibilidades deambulatorias de los afectados". Según los investigadores, los siete son los que protagonizaron los incidentes más violentos esa noche, como el destrozo de dos vehículos de Protección Civil situados en la calle Carretas, y pertenecen a grupos anarquistas o a colectivos de extrema izquierda estudiantil.

Agentes del Grupo 21 de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid fueron quienes arrestaron a estos jóvenes -cinco hombres y dos mujeres- el pasado jueves, cinco días después del arresto de otros siete en la misma noche del sábado, cuando se celebró la concentración convocada por la Coordinadora 25S contra el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana.

Uno de los detenidos en la última tanda se considera autor de lesiones y daños graves y está catalogado por los agentes como uno de los radicales anarquistas más violentos, según las mismas fuentes. Además de destrozar el vehículo de la Policía Municipal, los arrestados lanzaron botellas y otros objetos contra un autobús urbano que circulaba con viajeros por Atocha y también hirieron a once agentes de la Unidad e Intervención Policial (UIP) o antidisturbios.

A los detenidos se les ha imputado los delitos de lesiones, daños y atentado contra agentes de la autoridad, según fuentes policiales, que cifraron en 15.000 euros el valor de los daños causados en el mobiliario urbano por los altercados violentos del 14D