El Gobierno del PP aprobó el pasado viernes en Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, que sustituirá a la actual legislación de 2010 (PSOE) que permite la libre interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

Para el Gobierno la actual ley es excesivamente permisiva por lo que ha tramitado esta reforma, más restrictiva que la de 1985, ya que elimina el supuesto de aborto en caso de malformación del feto y solo permite la interrupción del embarazo en caso de violación o de riesgo para la salud de la madre.

Sin embargo, y con la actual ley en vigor, en 2012 el número de abortos bajó significativamente, un 5,05% y hasta situarse en cifras de 2007. El año pasado se produjeron en España 112.390 interrupciones voluntarias del embarazo, 5.969 menos que en 2011 (118.359) y muy cerca de la cifra de 2007 (112.138), según publica el Ministerio de Sanidad en su informe anual.

Respecto a la tasa de aborto por cada mil mujeres también fue menor, pasando de 12,44 en 2011 a 12,01 el año pasado.

El 91,26% de las embarazadas que decidieron abortar lo hicieron bajo el amparo del derecho a decidir, el 5,67% por grave riesgo para la salud o la vida de la embarazada, el 3,05% por riesgo grave de anomalías en el feto o por anomalías incompatibles con la vida. La nueva ley que se tramitará en el Congreso elimina la primera posibilidad, ya que solo permite la interrupción del embarazo en los citados supuestos: en caso de riesgo para la salud de la madre o de que el embarazo se produjera por una violación.

Respecto a la elección del tipo de centro donde realizar la interrupción el embarazo aún es una mayoría de mujeres que abortaron en centros privados, un 93,52% frente a las que lo hicieron en centros públicos: 6,48%. Es significativo el aumento de interrupciones realizadas en centros públicos, que pasó del 2,68% en 2011 al 6,48% de 2012.

El número de abortos practicados en 2012 descendió en todas las comunidades respecto al año anterior, salvo en Asturias, que subió un 1,3%, y en la ciudad autónoma de Ceuta (58,3%).

Los principales descensos se registraron en Navarra, donde bajó un 69,1%, seguida de La Rioja (40,08%), Baleares (14,1%), Melilla (12,8%), Galicia (11,7%) y Castilla y León y Comunidad Valenciana (8,9% en ambas). También bajaron más en Murcia (8,5%), Aragón (7,01%), Cantabria (6,4%), Extremadura (6,3%) y País Vasco (5,4%), todas ellas por encima de una bajada media del 5%.

Los menores descensos se han producido en Asturias (1,3%), Cataluña (3,1%) y Canarias (3,8%), en tanto que en Ceuta ha aumentado un 58,3%. En términos absolutos, Andalucía fue la comunidad donde se practicaron mayor número de abortos el pasado año, con 22.946; seguida de Cataluña (20.788) y Madrid (20.134).

La mayor incidencia se produjo en la franja de edad de 20 a 24 años, con una tasa del 20,36, seguida de la de 25-29 años (17,43), de 30-34 años (13,28) y entre las menores de 19 años (12,95).

En comparación con 2011, el pasado año hubo un descenso en las tasas en todos los grupos de edad. Así, en las menores de 19 años la tasa pasó del 13,67 al 12,95; en las de 20-24 años, del 21,34 al 21,36, y en las de 25 a 29 años, del 17,72 al 17,43. Esta misma tendencia se ha registrado en el grupo de edad de 30 a 34 años (del 13,36 al 13,28); de 35 a 39 (del 9,23 al 8,92) y en las mayores de 40 años (del 3,86 al 3,84).

Por lo que respecta a las semanas de gestación, un 68,15% del total de interrupciones de embarazo se ha realizado en embarazos de 8 o menos semanas; un 22,08% entre las 9 y las 12 semanas; un 5,86% de 13 a 16 semanas; un 2,64% entre 17 y 20 y un 1, 28% a partir de 21 semanas.

Según los datos de Sanidad, en el 91,26% de los casos el motivo fue por voluntad propia de la mujer; un 5,67% por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; un 2,78% por graves anomalías del feto y 0,27% por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

El 63,83% de las mujeres que interrumpieron su embarazo en 2012 no habían había abortado anteriormente, mientras que un 24,46% lo había hecho en una ocasión; el 7,67% en dos y el 2,41% en tres. Del total de mujeres que abortaron, el 28,82% convivían en pareja y con hijos, y un 18,6% vivían con padres o familiares y no tenían hijos.

Respecto al nivel de estudios, el 36,35% tenía estudios de educación secundaria, un 26,10%, bachillerato y FP, y un 12,85% eran universitarias.

El 72,01% de ellas tenía nacionalidad europea —un 62,44% española—, mientras que el 20,55% procedía de América; el 5,10% de África y un 1,29% de Asia. La mayoría de las interrupciones de embarazo continúan llevándose a cabo fuera de la sanidad pública y, de hecho, el 86,45% se realizaron en centros privados.

Con la ley de 1985 en vigor, se produjeron el siguiente número de abortos: en 2003, 79.788; en 2004, 84.985; en 2005 91.664; en 2006 101.592; en 2007 112.138; en 2008 115.812; en 2009, último año completo de esa ley, 111.482; en 2010, con la nueva ley del PSOE aprobada en marzo, se produjeron 113.031 abortos; en 2011, primer año completo con esa ley, 118.359; y en 2012, 112.390.

Por su parte, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) también ha emitido un comunicado en el que señala que, pese a los pronósticos del PP y los grupos provida, con la actual ley no se ha producido ningún aumento del número de abortos, sino al contrario, ya que la tasa ha disminuido del 12,44 al 12,01.

ACAI asegura que 104.275 mujeres habrían abortado ilegalmente si la ley del PP estuviera ya en vigor. Las clínicas han denunciado que más del 90% de las mujeres estarán abocadas al "éxodo abortista o a someterse a un aborto clandestino", lo que podría poner en riesgo su salud y su vida.

En cuanto a las 6.372 mujeres que en 2012 abortaron por salud materna con la nueva ley, tendrían "que someterse a un periplo legal, médico e ideológico de inciertos resultados".

Respecto al anteproyecto, ACAI considera "una aberración que los profesionales de la psiquiatría se vean obligados, poniendo en riesgo su seguridad jurídica, a ser confesores de la vida íntima de las mujeres que desean interrumpir si gestación". Para esta asociación, "resulta de una crueldad sin precedentes que una mujer pierda su privacidad, al verse obligada a comparecer ante los que serán sus custodios voluntarios u obligados de la moral religiosa de una minoría".