El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó el jueves a la Policía recabar en la sede del PP toda la documentación relacionada con la reforma del edificio de la calle Génova, pero también "cualesquiera otros elementos que pudieran estar relacionados con los apuntes contables" del extesorero de la formación Luis Bárcenas que reflejarían una supuesta caja B.

En el auto en el que autorizó la "entrada y registro" en la sede nacional del PP, el magistrado ordenaba requerir al partido que entregara "la totalidad de la documentación de cualquier género que obrare en las dependencias de tesorería, gerencia, contabilidad, caja, auditoría interna o cualesquiera otros archivos del Partido Popular albergados en la sede". Se trata, añade, de una diligencia "proporcional necesaria e idónea a los fines de la investigación".

En el escrito, el juez añadía que la Policía también debía recabar "cuanta documentación en soporte papel o digital que guarde relación con los hechos" y con los apuntes de Bárcenas, en especial los referidos a entregas de dinero al arquitecto que hizo las obras, Álvaro Urquijo. En primero lugar, el juez ordenaba el requerimiento; si no había colaboración, autorizaba el registro de las oficinas.

El secretario judicial de Ruz y dos agentes de la Policía permanecieron catorce horas en la sede del PP de Génova 13.

En el auto, el magistrado aprecia indicios de que la tesorería y la gerencia del PP, junto a Unifica -la empresa que llevó a cabo las reformas de la principal sede del partido entre 2005 y 2011-, emprendieron "una acción coordinada" para "generar" documentos con el objetivo de certificar y facturar algunas reformas.

Todo ello, según Ruz, para "dar cobertura a una facturación oficial ficticia que sería liquidada con fondos existentes en el sistema económico vía cheque contra prestación de factura", pero también hay indicios de que el resto de los trabajos se abonaron con "fondos ajenos que pudieren guardar correspondencia con las anotaciones contables reflejadas de los denominados papeles de Bárcenas".

El juez Ruz, por otra parte, hace un reproche al PP relacionado con el escrito que presentó a principios de diciembre, a través de su abogado, con documentación adjunta fotocopiada "relativa a la facturación y pago de determinadas obras realizadas" por Unifica en la sede de Génova. Algunos de esos documentos ya habían sido aportados a la causa, pero otros no.

El juez dice que no puede obviar las "consecuencias procesales" que se derivan del escrito, en tanto en cuanto "lleva a cabo un análisis detallado del informe de la UDEF" de 21 de noviembre y  "presupone conocimiento" de otro de la AEAT de 25 de septiembre, siendo que el conocimiento de ambos informes "debiera quedar reservado a las partes personadas en las actuaciones durante la presente fase de instrucción"; el PP no es parte en el proceso.

El juez insiste en que el PP aporta fotocopias de documentos, algunos de ellos "de interés", y que no le ha dado los originales "pese al requerimiento cursado al efecto en fecha 30/7". Así pues, habla de una "indebida aportación en forma por el Partido cuando fue requerido para ello".

El auto explica que "la actividad presuntamente delictiva investigada puede calificarse de grave, tanto en atención a la penalidad de las conductas investigadas, como desde el punto de vista de la trascendencia social de las mismas".