El Gobierno del PP decidió, el 29 de agosto de 2003, no continuar el procedimiento de extradición, pero tras un recurso de la familia de uno de los desaparecidos el Tribunal Supremo falló el 31 de mayo de 2005 que se debía dar curso a la petición, a pesar de que, una vez derogadas las leyes argentinas de obediencia debida y punto final, estas personas también han sido procesadas en su país.
Entre los reclamados figuran Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Omar Domingo Rubens, Armando Lambruschini, José Isaac Anaya, Basilio Arturo Ignacio Lami, Jorge Olivera, Antonio Domingo Bussi, Ramón Genaro Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Luis María Mendía, Jorge Enrique Perren, Alfredo Astiz, Juan Carlos Ricardo Trimarco, Antonio Pernias y Pablo Eduardo García Velazco.
También están Adolfo Miguel Donda, Carlos Octavio Capdevilla, Julio César Coronel, Ernesto Frimon, Juan Antonio Azic, Albino Mario Alberto Zimmerman, Roberto Heriberto Albornoz, Augusto Leonardo Neme, Héctor Mario Schwab, Carlos Eduardo Daviou, Carlos José Pazo, Gonzalo Dalma, Luis Ricardo Rizo, Alberto Luis Cattaneo, Fernando Humberto Santiago, Luis Santiago Martella, y Juan Orlando Rolon.
Por último, se pide asimismo la extradición, siempre por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, de Héctor Antonio Febres, Juan Carlos Rolon, Rubén Óscar Franco, José Eduardo Acosta, José Antonio Vaquero, Luciano Adolfo Jáuregui y Carlos Guillermo Suárez Masón.
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