El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución a las comunidades autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, de los créditos para el año 2013 para financiar actividades para la mejora y difusión de la Formación Profesional y para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, por el que Andalucía recibirá 4.036.350 euros de un total de 20.310.280 euros distribuidos entre todas las regiones.

Concretamente, Andalucía recibirá 1.166.335 euros para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, mientras que para la mejora y difusión de la calidad en la FP recibirá 2.870.015 euros.

El crédito aprobado da cumplimiento y continuidad al tercer bloque del Plan Estratégico de la Formación Profesional, de los programas de cooperación territorial 2010-2011, destinados a comunidades autónomas para el impulso de la Formación Profesional.

En base a dicho precepto, las aplicaciones presupuestarias correspondientes consignan la cantidad de 5.605.000.00 euros para el año 2013 a actuaciones destinadas a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, y la cantidad de 14.705.280.00 euros a actuaciones para el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional y para la mejora y difusión de la Formación Profesional.

Los criterios de distribución aprobados por la Comisión General de Educación para el reparto de los fondos para la evaluación y acreditación de competencias profesionales se basaron en el número de personas en búsqueda de empleo sin estudios profesionalizantes y número de personas en búsqueda de empleo de entre 30 y 64 años de edad; dispersión geográfica de las administraciones públicas; dispersión población activa.

Por su parte, los criterios para la mejora y difusión de la Formación Profesional dependieron del número de alumnos matriculados en FP, incluyendo PCPI's; el número de personas de 16 a 29 años en búsqueda de empleo; la dispersión geográfica de las administraciones públicas; el número de personas de cualquier edad sin estudios profesionalizantes; y la dispersión de la población activa.