El Gobierno aprobó el viernes el anteproyecto de adopción internacional, que disipará "las dudas y reticencias" de muchas parejas a la hora de adoptar y ofrecerá mayores garantías jurídicas a los padres y a los menores.
Carecía de una cierta solidez jurídica
Acompañada por el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, cuya cartera ha propuesto la nueva norma, Fernández de la Vega recalcó que el proyecto garantiza que las adopciones sólo serán efectivas si han sido válidamente constituidas y respetan unos umbrales mínimos de seguridad jurídica, y la coordinación de las legislaciones española e internacional.
El texto pretende dar más garantías a las familias y a los menores y que la adopción de menores extranjeros en España sea válida tanto en nuestro país como en el de residencia habitual y nacionalidad del niño adoptado.
La tramitación de una adopción de menores en otro país no podrá iniciarse cuando allí haya un conflicto bélico o desastre natural, ni cuando no exista una autoridad específica que controle y garantice la adopción.
El ministro explicó que se trata de la "puesta en hora de la legislación" sobre esta materia, ya que la nueva ley intenta "integrar en un cuerpo legal único una normativa muy dispersa" y homologarla con la normativa internacional vigente.


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