El órgano de la ONU que vigila el cumplimiento de los convenios internacionales sobre drogas advirtió este miércoles a Uruguay de que su ley para regular la producción, venta y consumo de marihuana viola los tratados internacionales de los que el país latinoamericano es parte.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) lamenta, en un comunicado emitido en Viena, la aprobación de esa ley por parte de un país que ha suscrito las convenciones internacionales sobre drogas y asegura que no se ha tenido en cuenta el impacto negativo de la legalización en la sociedad.

Raymond Yans, presidente de la JIFE, expresa en la nota su "sorpresa" al conocer que "un gobierno que es un socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del Estado de derecho internacional haya decidido conscientemente romper las disposiciones legales universalmente acordadas".

La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, adoptada por 186 países, incluido Uruguay, solo contempla el uso del cannabis para fines médicos y científicos.  "El objetivo principal de la Convención Única de 1961 es proteger la salud y el bienestar de la humanidad. El cannabis está sometido a control por la Convención de 1961, que exige a los Estados partes limitar su uso a fines médicos y científicos, debido a su potencial para causar dependencia", indica Yans.

El experto belga incide en que "la decisión del legislador uruguayo no tiene en cuenta su impacto negativo en la salud, ya que los estudios científicos confirman que el cannabis es una sustancia adictiva con graves consecuencias para la salud de las personas". "En particular, el uso y abuso de cannabis por parte de los jóvenes puede afectar gravemente a su desarrollo", recalca.

En una entrevista cuando se tramitaba la ley uruguaya, Yans aseguró que la violación de la convención podría tener "consecuencias" para "el comercio internacional de Uruguay de otras sustancias", como la morfina y la codeína, aunque rehusó dar más detalles.

En cualquier caso, la pionera ley uruguaya será uno de los grandes temas de debate en marzo próximo, cuando se reúna en Viena la Comisión de Narcóticos, el órgano ejecutivo de Naciones Unidas sobre políticas de drogas.

El proyecto impulsado por el presidente de Uruguay, José Mujica, legaliza la compraventa y el cultivo de marihuana y establece la creación de un ente estatal regulador que se encargará de emitir licencias y controlar la producción y la distribución de la droga. Los consumidores registrados, según prevé la normativa, podrán comprar marihuana en farmacias especialmente habilitadas, hasta un máximo de 40 gramos por mes, o cultivar en casa hasta seis plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha.

Fuentes oficiales han admitido que la aplicación de la ley  genera incógnitas y dudas. El éxito de la nueva política "depende sustancialmente" de que los organismos de control como la Dirección General de Prevención del Tráfico de Drogas, aduanas, la policía aeroportuaria y otros "tengan incluso mas rigor que en la actualidad", afirmó el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada.

La nueva ley es una "herramienta" para "desestructurar" el mercado ilegal de drogas que "tanto daño causa", agregó el funcionario en declaraciones que publica la página digital de la Presidencia de la República. Calzada dijo que desde la Junta se trabaja con varios ministerios para "regular" la aplicación de la ley.

El presidente del país, José Mujica, impulsor de la legalización de la producción y venta de marihuana, dispone de un plazo de diez días para la promulgación de la ley y tras ello la Junta Nacional de Drogas tendrá cuatro meses para su reglamentación.

Entre los puntos a definir están las licencias que deberá emitir el recientemente creado Instituto de Regulación y Control del Cannabis para permitir la producción, acopio y distribución de marihuana, las licencias para expender la droga en farmacias, otras licencias para cultivadores de consumo personal y clubes de cannabis, admitió Calzada. También se deben definir el tipo de licencias para el uso terapéutico, médico y cosmético de la marihuana.

El secretario de la JND dijo que el Gobierno "está trabajando" en el sistema de registro que se instrumentará una vez esté reglamentada la ley, mediante un software para permitir un "control generalizado" del sistema "desde el momento de la producción de la marihuana hasta su venta". Destacó, además, la voluntad de la Administración del presidente Mujica de crear un "comité científico" con académicos e intelectuales de varios países como "observadores" del proceso.

Según una reciente encuesta de la empresa CIFRA, el 61% de los uruguayos se opone a la legalización de la producción y venta de la marihuana en el país, donde el consumo no está penado desde hace años. "Todos los aspectos de la ley tienen que ser regulados, como la forma en que se podrá cultivar para uso medicinal, o para uso recreativo o los clubes de cannabis. Estamos trabajando en ello y aún falta tiempo", reconoció el funcionario.

La norma establece taxativamente el "control y la regulación por parte del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de la marihuana y sus derivados".