El PSCL pide responsabilidades ante un agujero de 188 millones de euros en el Hospital de Salamanca

El Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado este martes responsabilidades ante el "agujero" de 188 millones de euros detectado en el Hospital de Salamanca y se ha preguntado si se va a cesar a alguien por lo que ha definido una "negligente gestión" más allá de que se haya incorporarlo al Plan de Pago a Proveedores .

El Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado este martes responsabilidades ante el "agujero" de 188 millones de euros detectado en el Hospital de Salamanca y se ha preguntado si se va a cesar a alguien por lo que ha definido una "negligente gestión" más allá de que se haya incorporarlo al Plan de Pago a Proveedores .

Así lo ha asegurado el procurador socialista Fernando Pablos, que ha acusado a la Junta de Castilla y León de mantener en secreto las auditorías, con mención expresa a las realizadas en la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca, una práctica que, según ha advertido, no es compatible con la transparencia que predica la Junta y supone además "una falta de respeto a quienes pagan impuestos que merecen todo tipo de explicaciones".

"¿Qué contiene para que las quieran ocultar?", se ha preguntado Pablos, quien ha insistido en la necesidad de que la Junta depure responsabilidades ante unos agujeros que "no los crea el Espíritu Santo". "Alguien los habrá hecho y deberá ser responsable", ha sentenciado.

Por su parte, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha rechazado esas acusaciones de falta de transparencia y ha explicado que la Junta ha remitido los oportunos informes de control financiero a las Cortes por el conducto oficial, en referencia al Consejo de Cuentas con fechas de 31 de octubre 2012 y 11 de noviembre de 2013 respectivamente.

"Hemos cumplido plenamente con la legalidad y con la transparencia", ha aseverado la consejera que ha aprovechado la ocasión para recordar que todos los hospitales de España han sufrido problemas de financiación.

Del mismo modo, ha precisado que las administraciones públicas no publican este tipo de informes de control financiero, y ha puesto como ejemplo el caso de Andalucía con los ERE.

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