La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que la Junta de Andalucía va a impulsar la creación la Alianza para la Protección de los Menores Ante la Crisis, como desarrollo del pacto Andaluz por la Infancia suscrito en octubre de 2010 por las fuerzas políticas andaluzas, el Defensor del Menor y Unicef.

Durante la conferencia que la consejera ha pronunciado en el Foro Joly, titulada 'Políticas Sociales: una ventana al futuro', Sánchez Rubio se ha detenido especialmente en la infancia como "prioridad" en la agenda política y social del Gobierno de Andalucía. En este sentido, ha subrayado que los menores "son particularmente vulnerables ante situaciones de pobreza y exclusión", por lo que actualmente "es más necesario que nunca una mayor coordinación y cooperación para articular las medidas necesarias para proteger a este sector".

Con la citada alianza se pretende cubrir las necesidades básicas de este colectivo, impulsar la participación, la colaboración y la comunicación de las instituciones públicas, la iniciativa social y la privada; así como construir redes de asistencia, eliminar iniciativas de estética benéfica o estigmatizante, de manera que se garantice que todas las actuaciones se lleven a cabo respeten al máximo la dignidad y la intimidad de la vida personal y familiar de los niños.

Sánchez Rubio ha remarcado igualmente la importancia de las cláusulas sociales, una herramienta que el Gobierno andaluz ha incluido en los pliegos de contratación pública. Se trata, tal y como anunció la presidenta Susana Díaz en su discurso de investidura, de cláusulas de gestión pública responsable también llamadas cláusulas sociales, como por ejemplo promover, en caso de empate, la perspectiva de género como elemento diferenciador o la contratación de profesionales con discapacidad.

Con estas cláusulas sociales se pretende favorecer el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social, personas con alguna discapacidad o mujeres en régimen de protección por malos tratos. Igualmente se promoverán los principios de publicidad y transparencia, con información veraz, así como el apoyo a la economía local, con especial interés en la pequeña y mediana empresa o primando, por ejemplo, el uso de productos de denominación de origen de especial protección, o los productos de comercio justo o ecológicos. También se pretende favorecer en la contratación pública la adopción por el licitador de medidas de eficiencia energética.

Frente a ello, ha resaltado que el Gobierno andaluz continuará promoviendo la igualdad real y efectiva para que nadie se quede atrás. En esta línea, considera que la igualdad debe ser uno de los elementos esenciales sobre los que se construya el futuro en el ámbito social, cultural, político o económico. Por ello, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico propiciará el desarrollo de un sistema de gestión de la igualdad que facilite y ayude a que se materialicen las acciones de igualdad.

Por otra parte, Sánchez Rubio ha anunciado que en las próximas semanas presentará las conclusiones del estudio encargado por su departamento a una decena de expertos de distintas universidades e instituciones de nuestro país sobre la Renta Básica, de cara a la elaboración de la futura ley andaluza que regulará esta prestación destinada a la población en situación de mayor vulnerabilidad.

La consejera ha señalado que la futura Ley de Renta Básica "irá tomando forma en los próximos meses" y ha precisado que el citado estudio, en el que los expertos comenzaron a trabajar en mayo pasado, incluye un análisis extenso de la situación de la población en riesgo de exclusión social en Andalucía, así como el contenido de experiencias desarrolladas en otras comunidades autónomas y en otros países en esta materia.

La titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha enmarcado la futura Ley en el compromiso del Gobierno andaluz de proteger a los colectivos más vulnerables y ha recordado la aprobación este año del Decreto de Medidas Urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, así como el refuerzo del Ingreso Mínimo de Solidaridad, también conocido como Salario Social, en el marco de dicho decreto.

De otro lado, respecto a las personas con discapacidad, Sánchez Rubio ha defendido una sociedad inclusiva y ha recordado que su departamento trabaja ya en el anteproyecto de una nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que sustituirá la vigente, de 1999, y que adaptará la normativa andaluza a los preceptos contenidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas que forman parte de este colectivo.

Ley de dependencia,

"sostenible y necesaria"

En cuanto a la Ley para la Autonomía Personas y Atención de las Personas en situación de Dependencia, la consejera destaca que, como política que genera riqueza, su tasa de retorno —según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales— "es de un 28,44 por ciento, lo que significa que por cada 100 euros invertidos se recuperan 28,44". Esta Ley "sostenible y necesaria" porque garantiza la dignidad de las personas y, a su vez, crea empleo.

Además, ha recordado que Andalucía es la comunidad que más personas en situación de dependencia atiende —unas 169.000— y es también la primera comunidad en número de empresas de economía social, con un total de 7.350, un empleo más estable y de mayor calidad. En esta línea, ha subrayado que la Junta destinará el 2014 un total 28,8 millones de euros al sector de la economía social, lo que representa un 9,5 por ciento más que en el presente ejercicio.

Sanidad pública,

Universal y equitativa

En relación a la atención sanitaria, la consejera ha reafirmado su apuesta por un modelo sanitario que garantice derechos de la ciudadanía y por un sistema público, universal, equitativo y de calidad, que no se rija por las reglas del mercado, "que dejarían, sin duda, fuera de la protección de la salud a muchos colectivos y enfermedades", ha subrayado.

Según Sánchez Rubio, está ampliamente demostrado que los sistemas públicos, como por ejemplo nuestro Sistema Nacional de Salud, "son más eficientes que los modelos basados en el mercado y, sobre todo, ofrecen mejores resultados en salud.

En esta línea, el modelo de la Junta pasa por fortalecer la gestión pública, basándose en los principios de eficiencia social, equidad y ética de lo público, según ha detallado la consejera, quien ha anunciado asimismo que la Administración autonómica "seguirá recurriendo decisiones que van contra el Sistema Nacional de Salud, porque creemos en él y en la cohesión entre comunidades autónomas".

Como ejemplo de buena gestión, ha aludido a las actuaciones desarrolladas por la Sanidad Pública andaluza en materia de Farmacia y Gestión de Compras, y ha apuntado que sólo con la política de prescripción por principio activo "ha sido posible ahorrar más de 1.000 millones de euros hasta el momento".

En atención Primaria, se ha referido a la extensión de la historia clínica digital, la receta electrónica, la oficina virtual y otras herramientas tecnológicas que han reducido la burocracia, facilitando la comunicación entre centros y profesionales, así como con las personas usuarias, generando un retorno de 277 euros por cada 100 invertidos.

Como conclusión, ha abogado por "caminar hacia un reparto más equitativo de la riqueza y de la responsabilidad, de mayor justicia social", de manera que "busquemos la igualdad real y efectiva, en todas sus expresiones". En su opinión, "es el tiempo de definir una sociedad en la que el progreso esté al servicio de nuestras necesidades, y no al contrario".