El PP rechazó este martes tomar en consideración en el Congreso una propuesta del Parlamento vasco para que los diputados autonómicos puedan cotizar a la Seguridad Social como cualquier trabajador y que, por tanto, el tiempo que pasen en las instituciones compute para la prestación por desempleo, como ya se permite a los cargos electos locales, los representantes sindicales y los altos cargos de la Administración.

La iniciativa, aprobada por unanimidad de la Cámara vasca en mayo del año pasado, fue defendida en el hemiciclo por los diputados vascos Ana Otadui (PNV), Miren Gallástegui (PSE-EE) y Oskar Matute (Alternatiba-EH Bildu), que destacaron la necesidad de evitar diferencias entre los políticos y el resto de ciudadanos, como ejemplo de transparencia y de supresión de privilegios.

El debate fue seguido desde la tribuna por la presidenta del Parlamento vasco, la nacionalista Bakartxo Tejeria, y otros diputados vascos como Laura Mintegi (EH Bildu) y Borja Semper (PP).

La propuesta se justifica en que, aun cuando la relación de un cargo electo con respecto a su institución no es un "vínculo laboral", la dedicación a que obliga la función conlleva en un gran número de casos una implicación personal plena, "lo que tiene su reflejo en el régimen de incompatibilidades y de percepciones económicas" previsto en cada ámbito.

Por eso, abogan por modificar tanto de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 como de la Ley de 2006 de Inclusión en el régimen general a determinados cargos públicos y sindicales, para que los diputados autonómicos pasen a formar parte de los colectivos obligatoriamente incluidos en ese Régimen General de la Seguridad Social al igual que los miembros de las corporaciones locales, Juntas Generales o Cabildos.

De igual forma, se propone que entre los sujetos comprendidos en la protección por desempleo figuren, "en las condiciones previstas para los trabajadores por cuenta ajena", los miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que estarán así obligados a cotizar por esta contingencia.

Trabajadores como los demás

La iniciativa sumó el respaldo de Amaiur y del PNV, cuyo portavoz, Emilio Olabarria, subrayó que la mejor forma de acabar con la imagen de "canonjías" de los políticos es normalizar su situación. "Somos trabajadores como los demás y nos merecemos lo que se merecen los demás, ni más ni menos", ha resumido.

También UPyD ha avanzado su voto favorable y ha abogado por que la iniciativa afecte también a diputados y senadores. Pero, según Álvaro Anchuelo, no sólo debe extenderse el cobro de la prestación por desempleo, sino que han de suprimirse los "privilegios" de los que, a su juicio, todavía gozan los parlamentarios nacionales. A su juicio, este tipo de propuestas "legitiman a las instituciones" ya que los parlamentarios no pueden "quedar exentos" de las decisiones que toman en las Cortes y que sí afectan al resto de la población.

Para la socialista Magdalena Valerio, es necesario "ir acabando con el populismo barato" y en ese sentido es "de justicia" el objetivo de la iniciativa de normalizar la actividad política, en vez de la "demagogia" que se aplica en comunidades como Castilla-La Mancha, donde se ha decidido que los diputados no deben cobrar sueldo.

El peligro de demonizar la política

"La demonización de la política es muy peligrosa —ha avisado—. Somos servidores públicos y lo que hay que hacer es dignificar la política, sin ningún privilegio, y mostrar tolerancia cero con la corrupción".

Carles Campuzano, de CiU, fue más allá, y además de respaldar la iniciativa vasca y pedir su extensión a las Cortes Generales, defendió la necesidad de que quienes entren en política tengan una remuneración adecuada y una seguridad laboral para evitar que sólo acudan funcionarios con plaza asegurada y personas de alto patrimonio.

También Izquierda Plural, por boca del diputado de ICV, Joan Coscubiela, alabó la propuesta porque es "de sentido común" y da respuesta a "un problema que colea desde hace tiempo".

Pero frente al apoyo de la oposición, el PP rechazó admitir a trámite tomar en consideración la iniciativa del Parlamento vasco, en primer lugar porque "no se puede pretender que los diputados tengan los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena porque no lo son", ya que su vínculo con la institución no es laboral.

De hecho, la ponente 'popular', María Jesús Susinos, ha recordado que un diputado forma parte de una candidatura por propia voluntad, llega al Parlamento por decisión "democrática" de los ciudadanos, su tarea dura lo que dura una legislatura entre elecciones, y cuando cesa no es por un despido, sino por el ejercicio de un derecho democrático por parte de los ciudadanos.

Pero, además, ha avisado de que incluir a los parlamentarios autonómicos en la Seguridad Social para percibir después el subsidio del paro supondría incrementar el gasto público en una coyuntura económica que exige reducir el déficit. "No nos podemos olvidar lo más importante —proclamó—. La sociedad española vive momentos muy difíciles, se piden sacrificios y los políticos tenemos que dar ejemplo y defender la austeridad".

Cruce de reproches con psoe y upyd

En ese sentido, y frente a las quejas del PSOE, puso como ejemplo las "medidas valientes" que ha adoptado la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cspedal, que apuesta por reducir diputados y retribuciones.

Y por último atacó a UPyD, pidiendo "más rigor" a su portavoz económico y criticando que criticando que Rosa Díez tenga una "pensión vitalicia" del Parlamento Europeo.

Por ese motivo, la portavoz de la formación magenta tomó la palabara para "enseñar al que no sabe" y aclarar a la diputada del PP que todo los que han sido eurodiputados, como el ministro José manual García Margallo y otros miembros del Grupo Popular, lo que tienen es un fondo de pensiones "privado" con aportaciones del propio diputado y del Parlamento Europeo.