Tampoco ha habido acuerdo este martes entre la empresa de limpieza Limasa de Málaga y los sindicatos a la hora de determinar los servicios mínimos de cara a la huelga convocada a partir del 20 de diciembre. De hecho, las posturas son radicalmente opuestas, por lo que será la Junta de Andalucía la que tendrá la última palabra.

El comité de empresa ha propuesto durante la reunión de este martes un cinco por ciento de servicios mínimos —unos 75 trabajadores—, respetando, eso sí, la recogida de basura en centros hospitalarios, mercados de abastos y algún otro servicio especial sobre el que "podríamos llegar a un acuerdo", ha dicho su presidente, Manuel Belmonte.

Los trabajadores argumentan que para la empresa el periodo navideño "no está catalogado como especial"; de hecho, Belmonte ha apuntado que así se recoge en la propia memoria justificativa del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), añadiendo que las contrataciones para este mes de diciembre "han sido menores" que las llevadas a cabo en noviembre y "tampoco hay ninguna modificación ni en horario ni en turnos", como sí ocurre, por ejemplo, en Semana Santa, Carnaval o la Feria de Agosto.

Frente a esto, la dirección y el Ayuntamiento, que tiene el 49 por ciento del accionariado de Limasa, sí han destacado la importancia del periodo navideño y han planteado del 20 de diciembre al 6 de enero un cien por ciento, tanto en recogida de basura como en limpieza, para el centro histórico y las zonas comerciales, aparte de los espacios de especial atención fijados por la ley como son los hospitales.

En ese periodo contempla unos servicios mínimos del 85 por ciento para el resto de distritos. A partir del 7 de enero y durante dos semanas propone que sean del 65 por ciento y que suban al 75 por ciento si se prolongara la huelga, según han señalado fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento de Málaga se ha argumentado la petición de servicios mínimos aludiendo a la importante concentración de malagueños y visitantes que reflejan zonas como el centro histórico y a los efectos negativos que conllevaría una no adecuada prestación del servicio de limpieza, destacando motivos de seguridad y medioambientales.

De hecho, han presentado informes para justificar sus argumentos, como uno del Área de Turismo, que habla de una repercusión directa solo en Navidad de 26 millones de euros, una cantidad a la que habría que sumar el impacto indirecto e inducido.

Asimismo, la parte municipal ha pedido a la Junta de Andalucía que emita el dictamen determinando los servicios mínimos a la mayor brevedad posible.

Por su parte, el presidente del comité de empresa ha tachado de "abusivos" los servicios mínimos planteados por la dirección, en tanto que "proponen lo que no hay actualmente en las calles; ahora estamos cada día en un 60 por ciento del personal en cada cuartelillo" debido a los recortes.

Además, el representante sindical ha criticado que la empresa plantee el cero por ciento de servicios mínimos para el personal administrativo y mandos intermedios: "su idea es que trabajen sí o sí y eso es lamentable".

Belmonte ha hecho hincapié, asimismo, en que la petición de los sindicatos es que los servicios mínimos sean iguales para todos los ciudadanos, con independencia de la barriada en que vivan: "queremos que no haya malagueños de primera y malagueños de segunda".

ERTE

En cuanto a la negociación del ERE temporal, cuyo periodo de consultas ha terminado este martes, tampoco ha habido acuerdo, y la dirección tiene 15 días naturales para presentarlo oficialmente ante la autoridad laboral. Por su parte, cada uno de los sindicatos que conforman el comité ha anunciado que llevará este expediente ante los tribunales, ya que "no hay ningún motivo justificado para aplicarlo".

El ERTE se aplicaría a partir del 1 de enero de 2014 y se prolongaría hasta abril de 2017, fecha en la que termina el contrato de concesión del servicio de limpieza. La propuesta de la dirección afectaría de forma rotatoria a los 1.274 trabajadores; además, para los 60 empleados de administración se aplicaría una reducción de jornada del 28 por ciento.

El presidente del comité de empresa ha lamentado la "intransigencia" de la dirección: "no hay forma de poder llegar a un punto de encuentro porque su actitud es solo de recorte y recorte". En este punto, ha reiterado que tras la reunión del pasado fin de semana con el alcalde, Francisco de la Torre, "se vio que lo que quieren es destrozarnos el convenio y eso no lo vamos a permitir". "Dimos dos pasos para atrás", ha reiterado, y ha denunciado que el regidor "pida empatía cuando ellos no la tienen".

Ante esto, el representante de los trabajadores ha opinado que se trata de "una caza de brujas o humillar a la plantilla, poniéndonos a la ciudadanía en contra, y lo que nosotros queremos es defender nuestros derechos". Precisamente para explicar eso tienen previstas reuniones con federaciones de asociaciones de vecinos y grupos políticos en el Ayuntamiento.

"Hemos hecho un esfuerzo en 2012 y en 2013 y estamos dispuestos a hacerlo en 2014, pero todo no puede ser a nuestra costa", según Belmonte, rechazando la posibilidad de firmar un convenio colectivo hasta el 31 de diciembre de 2016 como planteó la empresa. Únicamente, admiten incluir 2015, pero "con una contraprestación".

La única posibilidad de evitar la huelga "es que la empresa deje de ser tan intransigente y que intente ahorrar solo a costa de los trabajadores", ha manifestado el presidente del comité, asegurando que las medidas puestas sobre la mesa por la plantilla superan el ahorro necesario de 7,1 millones de euros e, incluso, "lo hemos superado".

Así, Belmonte ha lamentado que no se trate igual a los trabajadores que a los socios privados, que tienen el 51 por ciento del accionariado. De hecho, ha subrayado que, en la memoria de Limasa, "el auditor establece que no queda suficientemente acreditado que la parte privada haya renunciado expresamente a sus beneficios", como sí se dijo que había hecho.

En este punto, Francisco Morales, de CGT, ha criticado que "se esté haciendo prevalecer los beneficios de la parte privada sobre los intereses de la ciudad de Málaga". Por ello, los dirigentes sindicales han dejado claro que la solución a este continuo conflicto pasa por la municipalización de la empresa, lo que permitiría un ahorro en cinco años de entre 21 y 47 millones de euros.

Reunión con de la torre

Preguntados por si están dispuestos a volver a reunirse con el alcalde, Belmonte ha afirmado que "estamos abiertos hasta el 19 de diciembre, las 24 horas del día, pero hay que venir con intención de llegar a un acuerdo, no para echarnos el discurso y hablar de empatía".

Respecto a la negociación del convenio colectivo, otra de las vías abiertas para intentar evitar la huelga y la aplicación del ERTE, trabajadores y empresa volverán a reunirse este jueves y, además, habrá un nuevo encuentro en el Sercla el viernes.