Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE) han alcanzado un acuerdo para sacar adelante la nueva directiva sobre trabajadores desplazados, destinada a aumentar la protección de los empleados enviados por sus empresas a otros países.

El comisario europeo de Empleo y Asuntos sociales, Laszlo Andor, expresó su satisfacción por el enfoque general logrado sobre esta "importantísima propuesta legislativa" al término del Consejo de ministros de Empleo celebrado en Bruselas.

El nuevo texto ha sido acordado tras unas complejas negociaciones que se han prolongado durante los dos últimos años, debido principalmente a las diferencias entre los Estados miembros sobre el sistema de control previsto para la normativa, y en particular sobre las inspecciones de empresas y las sanciones contempladas en caso de incumplimiento.

El compromiso final "es menos exigente que el inicialmente propuesto por la Comisión", admitió Andor, quien destacó que "lo importante es haber logrado el acuerdo" y que se trata de un texto "basado en un concepto de equilibrio".

El texto, que ahora será negociado entre los Veintiocho y el Parlamento Europeo, tiene como objetivos principales "aumentar la protección legal de los trabajadores desplazados y que las empresas operen con mayor seguridad jurídica".

La versión final de la directiva reconoce que los Estados miembros "tendrán las competencias necesarias para llevar a cabo los controles (sobre la aplicación de las normas) cuando lo crean necesario", señaló Andor.

De este modo se han resuelto las preocupaciones de un grupo de países, entre ellos Reino Unido, Polonia, Dinamarca o la República Checa, que rechazaba la propuesta inicial de la Comisión al considerar que vulneraba sus competencias nacionales.

La directiva, además, "reconoce la responsabilidad del contratante" sobre el cumplimiento de la normativa, y "otorga flexibilidad a los Estados miembros" en su aplicación, señaló Andor.

Esto permitirá "respetar los diferentes modelos sociales y de negociación colectiva" que actualmente están en vigor en los Estados miembros, añadió.

La nueva normativa sustituirá a las reglas en vigor desde 1996, y fue impulsada por la Comisión después de que se "detectaran abusos" en los trabajadores desplazados a algunos Estados miembros en sectores como el de la construcción o el transporte por carretera, recordó el comisario europeo.

Una vez entre en vigor, los empleadores estarán obligados a ofrecer información clara y transparente sobre sus sedes en el extranjero y sobre sus trabajadores desplazados, para evitar la existencia de "empresas fantasma" establecidas en otros países con menor protección social y costes laborales inferiores.