El Parlamento Europeo ha vuelto a rechazar este martes un informe sobre salud sexual y reproductiva que, entre sus disposiciones, defendía el derecho de la mujer al aborto seguro y pedía a los gobiernos europeos que asegurasen la educación sexual en la enseñanza obligatoria.

El documento, conocido como Informe Estrela —por el apellido de la europarlamentaria socialista portuguesa que lo ha redactado, Edite Estrela— pasaba su segundo test en el Parlamento Europeo, después de que en octubre las diferencias entre los grupos políticos sobre su contenido evitaron que sometiera a voto.

Los europarlamentarios conservadores han presentado ahora un texto alternativo, una resolución en contra, en el que se especifica que son los estados miembros los que tienen la competencia en materia de salud sexual y educación sexual en las escuelas.

Tras el voto en contra de su informe, Estrela ha llamado "hipócritas" a los eurodiputados "que votan en contra de los derechos de salud sexual de las mujeres pero luego premian a Malala Yousafzai por luchar por los derechos de las niñas en Pakistán.

El texto revisado pedía garantizar a las mujeres el derecho al aborto en caso de violación. Decía que "los servicios de aborto de calidad deben ser legales, seguros y accesibles, dentro de los sistemas de salud pública de los Estados miembros". Y pedía también que las mujeres que se sometieran a un aborto ilegal no sean perseguidas por la Justicia.

El informe subrayaba que "en ningún caso" debe promoverse el aborto como método de planificación familiar y pide a los Estados miembros políticas y medidas adecuadas para evitar que se recurra al aborto "por razones sociales y económicas". Y denunciaba que se impida o retrase el acceso al aborto en los supuestos en que es legal, con "obstáculos" como "el uso extendido de la objeción de conciencia, periodos de espera médicamente innecesarios o asesoramiento parcial".

Este informe llega en un momento en el que en España el Gobierno promueve una legislación restrictiva respecto al aborto. Para los colectivos defensores del derecho a decidir sobre el aborto, el texto suponía "profundizar en el compromiso de la UE en hacer accesible la anticoncepción, la educación sexual y la planificación familiar voluntaria ya que estos elementos empoderan a las mujeres para decidir el número de hijos que tienen, reduce los embarazos de adolescentes, y permite a las mujeres y las niñas reciban educación".

El documento abarcaba otras cuestiones relacionadas con la salud sexual, incluida la necesidad de que las mujeres tengan acceso a revisiones ginecológicas y mamografías anuales. Además reclamaba servicios de fertilidad y opciones reproductivas "no discriminatorias" para que tengan acceso a los tratamientos todas las mujeres.