IDEA asegura que la adjudicación de avales es un procedimiento "reglado y objetivo que nada tiene que ver" con los ERE

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) ha afirmado que el procedimiento en la concesión de avales "es reglado, público y objetivo, que no tiene nada que ver con el caso de los ERE y en el que el Gobierno andaluz intentó mantener el tejido industrial y puestos de trabajo".

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) ha afirmado que el procedimiento en la concesión de avales "es reglado, público y objetivo, que no tiene nada que ver con el caso de los ERE y en el que el Gobierno andaluz intentó mantener el tejido industrial y puestos de trabajo".

Fuentes de la agencia IDEA han explicado a Europa Press que, en referencia a las declaraciones hechas este lunes por el PP-A en las que afirmaba que a pesar de las irregularidades que se detectaron en el Informe de la Intervención General se siguieron concediendo avales, "hay que explicar que ese informe de cumplimiento que hace la Intervención General, en virtud del control financiero de IDEA, se hace de manera anual dentro de un procedimiento de mejora continua", por lo que "se refiere solo a 2009". Sin embargo, el PP-A "habla del periodo de 2008 a 2012".

Así, el informe de la Intervención se refiere a 2009, "y todas las incidencias que se detectaron en ese año quedaron subsanadas un año después". De hecho, según han indicado las mismas fuentes, en 2010 "no se hace ninguna alusión a que hubiera problemas con la orden de empresas en crisis, lo que quiere decir que se había subsanado".

Además, IDEA ha hecho referencia a las afirmaciones del PP-A que aseguraban que se había concedido avales por importe de 210 millones, cuando el límite estaba en 18, "lo que es completamente falso", ya que lo que ha hecho el Partido Popular, según las fuentes, "es hacer todo el recuento desde el 2008 hasta 2012", así, "el límite que había en 2009 para conceder los avales era de 18 millones, ya para ese año el criterio que siguió la agencia era el importe del riesgo del aval, en virtud de la normativa comunitaria que establecía que el riesgo de un aval, en el peor de los casos, era un 15 por ciento". Sin embargo, "en un ejercicio de prudencia, se estimó que el aval tenía un riesgo del 30 por ciento", ha matizado.

De esta forma, a cada aval se le aplicaba ese porcentaje, "lo que no quiere decir que se superara, sino que el importe que se tomaba en cuenta no era el importe nominal, sino el de riesgo", por lo que "no se superó el importe que había para ese año".

Dichas fuentes han agregado que con la crisis económica y las dificultades de las empresas, para 2010 se subió el importe máximo a los 175 millones —y otros 175 millones para 2011—, "por lo que a nivel global no se ha superado el importe, pues tendríamos 350 millones de límite para conceder avales". Por ello, "es una tontería lo que dice el PP-A, comparando los 210 millones totales con los 18 millones que solo son de 2009".

Los 'populares' "también ha asegurado que en 2010 esos avales se hicieron superando el límite, pero no se superaron, sino que había un criterio distinto", defiende IDEA. Seguidamente, a partir de ese año "se perfecciona el criterio" y se hace ya por el nominal, y los avales del año anterior se llevan al Consejo Rector y al Consejo de Gobierno, "pero no porque estuvieran mal, sino porque cuando había alguna ejecución del aval, la autorización del riesgo que se tenía era del 30 por ciento".

Además, la afirmación que hace el Partido Popular de que los avales se aprobaron por un órgano que no era el competente, "es solo un criterio fundado en criterios de la Comisión Europea", pues en 2010 "lo que se hace es perfeccionarlo, aplicar y buscar un procedimiento que resultaba más fácil cuando había ejecución de aval", añade la agencia.

En la misma línea, el PP-A ha indicado que la orden del 2008 no tenía el informe de la Intervención General, "lo que es totalmente falso", según fuentes de IDEA. "Lo tiene, y se siguieron todas las indicaciones que la Intervención General indicó en su informe, lo que ocurre es que el interventor que hace la orden de cumplimiento simplemente se equivocó".

Por último, la agencia de la Junta de Andalucía ha informado de que aportará los informes oportunos, "que se encuentran en los archivos de la Junta". Finalmente, ha añadido que "es algo ruin querer relacionar la gestión de la agencia con el caso de los ERE, cuando no tiene nada que ver, si hay empresas que coinciden en la concesión de los avales, es porque es lógico que una empresa que hiciera un ERE tuviera dificultades".

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