El vicepresidente del Consejo General de Procuradores Españoles, Javier Carlos Sánchez García, ha advertido esta semana en Murcia de que el actual borrador del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales "supondría la quiebra total del sistema actual de Justicia".

Sánchez García, que esta semana ha mantenido una reunión informativa con los procuradores de la Región, ha insistido en que el actual texto, que se encuentra en fase de informe en el Congreso de los Diputados, significaría graves perjuicios para los ciudadanos, como una mayor dilación en la tramitación de los procesos y un aumento en los costes de la administración de Justicia.

En concreto, los puntos principales del anteproyecto a los que se oponen los procuradores son la eliminación de la incompatibilidad entre las figuras del abogado y del procurador y la supresión de los aranceles.

La primera de estas medidas supondría una mayor dilación en la tramitación de los procedimientos en una administración que, en la Región de Murcia, acumula ya un retraso medio de 442 días, según han informado fuentes del Colegio de Procuradores en un comunicado.

La segunda de las iniciativas pretende garantizar el ejercicio de la libre competencia, aunque en la práctica, según ha denunciado Sánchez García, significaría "un incremento de los costes para el justiciable y para la propia administración de Justicia, toda vez que los procuradores vienen sufragando numerosos gastos para prestar el servicio con mayor eficacia".

Así, por ejemplo, la desaparición de esta figura supondría modificar el actual sistema de notificaciones telemáticas de los juzgados y tribunales y desarrollar un nuevo modelo para sustituir la función que ahora desarrollan los procuradores. "Pueden prescindir de la figura del procurador, pero no de la función. La función hay que seguir cumpliéndola y, por supuesto, mantenerla", ha advertido Sánchez García.

Frente a ello, el vicepresidente del Consejo General de Procuradores ha reivindicado la figura del procurador dentro del sistema de la administración de Justicia. "Quizás no es una figura muy conocida, pero contribuye a cumplir determinados actos, como los de comunicación y ejecución, con mayor agilidad. El procurador realiza una función en el procedimiento que siempre ha sido incompatible con la que realiza el abogado".

Y es que, durante su visita a Murcia, además, ha recordado que el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, desarrollado desde el Ministerio de Economía y aprobado por el Consejo de Ministros el pasado dos de agosto, choca frontalmente con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que impulsa desde el mes de mayo el Ministerio de Justicia y que dota de más competencias a los procuradores para agilizar la ejecución de sentencias.

"Justicia, que es el ministerio sectorial, ha aprobado una reforma en la línea de incrementar las competencias de los procuradores y manteniendo la representación procesal. Otro ministerio -como el de Economía, que no tiene competencias en Justicia- va en la línea contraria y ataca la línea de flotación no solo de la profesión sino de la propia administración de Justicia. No tiene sentido", ha lamentado.