Hernández acusa a PSOE y BNG de anteponer "sus intereses partidistas" a los de los gallegos con el canon de Sogama

El vicesecretario del PPdeG y conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, ha acusado al PSdeG y al BNG de anteponer "sus intereses partidistas" a los de los gallegos, tras negarse a pactar con la Xunta la posibilidad de atrasar el incremento del canon de tratamiento de residuos que aplica la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) hasta el 1 de julio de 2014.

El vicesecretario del PPdeG y conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, ha acusado al PSdeG y al BNG de anteponer "sus intereses partidistas" a los de los gallegos, tras negarse a pactar con la Xunta la posibilidad de atrasar el incremento del canon de tratamiento de residuos que aplica la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) hasta el 1 de julio de 2014.

En concreto, Hernández ha advertido de que si el canon de Sogama subirá un 34 por ciento en 2014 será porque desde la oposición "se negaron" a pactar una solución que supondría "la mitad" del impacto, mediante ese retraso de la entrada en vigor.

Hernández ha arremetido contra esta "intromisión inaudita" del PSdeG sobre la Fegamp, recordando que los representantes del partido en esta institución habían aceptado la disminución de esta subida, algo que fue "cuestionado" por el aparato del Partido Socialista y que ahora significará que "o bien ciudadanos" o bien ayuntamientos tendrán que afrontar esos más de seis millones del primer año de aplicación.

Asimismo, ha recordado que la Ley de Orzamentos incluye un mecanismo que permite a un municipio que no haga frente al pago poder recurrir al Fondo de Cooperación Local, una "medida extraordinaria" que permitirá el mantenimiento de la "solvencia" de esta empresa, que está prestando un servicio de competencia municipal.

Al respecto, Hernández considera que "el camino correcto" sería, por un lado, disminuir el impacto del primer año de aplicación y luego invitar a los ayuntamientos a que trabajen en la "reducción" de residuos, reciclaje, recogida selectiva, que en caso de alcanzar las cifras del Estado podría suponer un ahorro de costes de tres millones de euros.

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