La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, espera que se convoque "en breve" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), de forma que "lo más tardar sea en enero" con vistas a "tomar las riendas de principios de año y se empiece a abordar el análisis del sistema de financiación o la consolidación fiscal", un aspecto en el que la consejera es partidaria de "mayor progresividad y mayor autonomía fiscal por parte de las comunidades autónomas".

En ese sentido, Montero, quien asegura que no ha recibido ninguna notificación para la reunión del CPFF, ha anunciado que en Andalucía se creará "en breve" un grupo de trabajo de expertos independientes para analizar la posible reforma fiscal, donde se integren académicos, empresarios, representantes de administraciones y expertos de diferentes sectores. Ha precisado que actualmente están "identificando" los expertos que se podrían sumar a ese "análisis en profundidad" de la propuesta andaluza "de cara a mayor progresividad y mayor autonomía fiscal".

"Esos expertos analizarían qué tipo de impuestos se pueden desagregar, como incrementar la progresividad; analizarán cómo se comportan los impuestos en España y cual es el margen de las comunidades", ha explicado Montero a Europa Press.

En materia fiscal, la consejera aboga por "ir conjuntamente Gobierno con todas las comunidades autónomas, pues la mayoría vamos en clave de un debate conjunto" y ha traslado su "preocupación" al Ministerio por que algunas comunidades "ha tomado la delantera, y existe una escalada por parte de algunas de bajar impuestos o adelantarse de forma desleal algunas medidas que después apliquen el resto de comunidades", aunque a su juicio "no es muy adecuado que se produjera en alguna región aumento o bajada de impuestos, cuando está a la vuelta de la esquina el debate".

Considera que ese debate "no solo supone dar opinión sobre cómo se debe comportar el conjunto de la carga fiscal en España sino también la vocación de las autonomías de tener mayor autonomía fiscal", de forma que "algunos de los impuestos gestionados en exclusiva por el Gobierno "pasen a ser gestionados por las comunidades", aunque no quiso desvelar qué tasas podría ser susceptibles de transferencia. Considera que "se debe revisar toda la cartera de impuestos y ver cuál se puede transferir, sin apriorismos".

En ese sentido, Montero ha indicado que Andalucía "promoverá un grupo de análisis, formado por expertos, que den su opinión sobre la reforma fiscal en el marco de consenso, con la idea de llevar, si es posible, una única voz de la Comunidad".

Asimismo, aboga por que "haya un planteamiento unitario de los grupos políticos andaluces", de forma que considera que "en una primera fase los expertos darían su opinión en el grupo de trabajo, en un segundo estado se buscaría el consenso entre los partidos políticos para llevar una posición sobre la reforma fiscal", aunque recuerda que si el consenso no es posible "la Junta iría con su propuesta y con su propio criterio".

"Queremos una reforma fiscal consensuada y que no sea un rodillo impuesto por el Gobierno central, que debe estar realmente abierto a las sugerencias que vamos a hacer", ha aseverado la consejera.

Sistema de financiación

Sobre el sistema de financiación, Montero considera que el Gobierno "está siendo tímido y prudente, pero hay un clamor popular en las comunidades de demandar una reforma del modelo" y ha apuntado que Andalucía "está por debajo de la media en cuanto a financiación por habitante; no hemos conseguido acortar la brecha en materia de financiación por habitante".

"Lo ideal es la mayor homogeneización posible en la financiación por habitante; hay que evitar desigualdades", ha aseverado Montero, quien aboga por que Estado y comunidades autónomas "miren más al ciudadano y sus necesidades, pues las necesidades son las mismas para todos".

Por ello, la consejera, quien reconoce que en este asunto "Estado y comunidades tendrán que dialogar mucho", considera necesario que "se tribute en función de la renta y se financie a las comunidades en función de las necesidades".

La consejera aboga por "evitar que se produzca un debate entre regiones que puedan tener rentas más altas o mayor ubicación de empresas con comunidades con renta más baja y menor capacidad de atracción".

"Hay que intentar salir de ese debate y la única forma es pensar en las personas y en lo que necesitan los ciudadanos, por ello es fundamental garantizar el modelo de financiación y prestación de servicios públicos, servicios sociales, dependencia, educación o sanidad", asevera Montero quien insiste en "un debate más generoso". "Si en el debate entendemos que tenemos que pagar la educación, dependencia, servicios básicos o las pensiones, el debate será mucho más sencillo y evitaremos mezclar cuestiones que no tienen nada que ver", insiste.

Considera que "todos debemos ponernos de acuerdo en cuáles son los servicios que Gobierno, comunidades y ayuntamientos deben procurar y luego hacer el reparto en función de las competencias que tienen cada uno, y no hacerlo al revés".

Ha recordado que también se abrirá otro grupo de trabajo sobre la reforma del sistema de financiación, donde "se arbitre una propuesta buena para nosotros y para España y donde el debate se abra a la comunidad universitaria, expertos en consultoría y a todo los que puedan aportar algo".

En ese asunto también espera llevar una posición consensuada junto a los partidos, aunque también insiste en que "si no logramos una propuesta consensuada, la Junta hará su propia propuesta". "Me gustaría que el PP pudiera aportar desde la defensa de los intereses de Andalucía", agregó la consejera.

Montero cree que estos grupos de expertos y las propuestas sobre ambos asuntos "llegarán en tiempo y forma a tener una propuesta bien asentada".

Requerimiento de montoro

Preguntada asimismo por el requerimiento del Gobierno central para que aborde recortes adicionales con vistas a cumplir los objetivos, la consejera ha indicado que se remitirá el informe al Ministerio sobre el plan de reequilibrio económico financiero "que permita no albergar dudas sobre su cumplimiento; y estoy convencida de que no se planteará ninguna cuestión adicional ni extraordinaria".

En ese informe se hace un seguimiento de todas las medidas "para dar confianza y credibilidad a su cumplimiento", aportando el estado de ingresos, el estado de gastos y los puntos que contemplaba el plan.

La consejera supone que este requerimiento "se habrá hecho también al resto de comunidades, pues no quiero pensar que haya intención especial de presentarnos como una comunidad incumplidora, cuando en el tercer trimestre aparecemos con un mayor margen de cumplimiento del déficit, por encima de 11 comunidades; ha tenido que ser un requerimiento general".

Montero, quien ha mantenido por este motivo conversaciones telefónicas con el ministro Montoro, insiste en que en este caso concreto "no se produjo ninguna comunicación previa, cuando de forma sistemática Gobierno y Junta están en contacto para la revisión y seguimiento del plan de reequilibriio, y si hay discrepancias nos llaman, en un contacto habitual y con reuniones bastante cordiales".

La consejera cree que en ese requerimiento sin previo aviso "sí hubo conocimiento por parte del ministro de que se había publicado el requerimiento sin avisar previamente a la Junta", algo "poco acertado" y que, a su juicio, viene provocado por el hecho de que "el Gobierno quería hacer una regañina indirecta a las comunidades después de ser amonestado por la UE por no cumplir el Estado el objetivos de déficit y por las previsiones de los presupuestos de 2014".