Los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Educación (CSI-F, Stecyl, ANPE, FETE-UGT y CC.OO) han criticado la "reducidísima" oferta de empleo docente anunciada este viernes por la Junta de Castilla y León, así como el aplazamiento de la convocatoria de oposiciones hasta 2015.

Los cinco sindicatos integrantes de la Plataforma intersindical han denunciado que esta congelación "va a suponer que las oposiciones de secundaria no se realicen una vez más", como ya sucedió en 2012, con lo que hasta el menos 2015 no habría oposiciones par estos cuerpos que tuvieron la última convocatoria en 2010.

Han apuntado que la Consejería justifica su decisión en la imposibilidad por normativa básica estatal de convocar ofertas que superen el 10 por ciento de las jubilaciones, excedencias y decesos producidas en 2013 entre el profesorado funcionario de los centros públicos, limitación que hace "difícil" la convocatoria de oposiciones por el elevado número de especialidades existentes en los cuerpos docentes de Enseñanzas Medias.

La Consejería de Educación añadió que realizará Oferta de Empleo Público en 2014, para no perder así la tasa de reposición que generan las jubilaciones de este año, pero no convocará oposiciones para reunir un número mayor de plazas en 2015.

También han considerado una "miseria" que la oferta de empleo se quede en 50 plazas en 2014, por lo que han recordado que reclamaron a la Junta que, en el seno de la Conferencia Sectorial de los consejeros y el Ministro de Educación "presionen al Gobierno de España para que retire las mordazas a la OEP docente" que suponen la limitación de la tasa de reposición.

Los sindicatos han añadido que estas políticas de empleo público docente provocan que el porcentaje de interinidad del empleo en los colegios y centros de Secundaria "se disparen hasta porcentajes de entre el 15 y el 20 por ciento el próximo curso, muy lejos del 5 por ciento de tasa de interinidad recogido en el ya casi olvidado acuerdo del 19 de mayo de 2006".

El incremento de la interinidad redunda, a juicio de los sindicatos, en una precariedad en el empleo, así como una "pérdida de la estabilidad" de las plantillas que afecta, en último término, "a un deterioro de la calidad de la educación".