La Junta rechazará la modificación de la Ley de Reproducción Asistida en el Consejo Interterritorial de Salud

Critica "discriminación hacia la mujer por su condición sexual y o estado civil"
La consejera María José Sánchez Rubio, en un acto de IAM y CAA
La consejera María José Sánchez Rubio, en un acto de IAM y CAA
EUROPA PRESS/JUNTA
La consejera María José Sánchez Rubio, en un acto de IAM y CAA

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado este jueves de que la Junta de Andalucía rechazará "de manera absoluta" en el próximo Consejo Interterritorial de Salud la modificación de la Ley de Reproducción Asistida llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad, según la cual el acceso a este servicio quedaría circunscrito a mujeres con pareja masculina, "limitando el acceso a la prestación a mujeres en función de su estado civil y orientación sexual".

En rueda de prensa, la consejera ha indicado que la modificación de esta normativa, que el Ministerio ya ha publicado mediante un proyecto de orden en su página web, "atenta contra los derechos básicos, que se derogan además por la vía de la modificación de la cartera básica", a lo que ha agregado que "no podemos permitir que se recorte de esta forma encubierta la cartera de servicios".

Asimismo ha destacado que esta orden "supone un nuevo ataque a la condición de universalidad del Servicio Nacional de Salud, pues vulnera los derechos de las mujeres y los principios de igualdad establecidos por ley". Por ello, Sánchez Rubio ha pedido al Ministerio que acate lo establecido en la Ley 14/2006, que señala que "la mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta ley con independencia de su estado civil u orientación sexual".

Por otro lado, la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha advertido de "la contradicción" entre lo establecido como criterios generales de acceso y los criterios de acceso específicos para determinadas técnicas, como el que determina que las mujeres tienen que ser menores de 40 años en el momento del inicio del tratamiento, cuando en los criterios generales se establece esa edad para el inicio del estudio.

Sobre este punto, ha indicado que "la demora del proceso normativo no debe perjudicar a la usuaria, pues puede darse el caso de que una mujer con 36 o 37 años solicite esta prestación y que llegue a lo 40 esperando a que la atiendan".

En la misma línea, la consejera ha apostillado que el Gobierno "está lesionando" los derechos de las mujeres reconocidos en la legislación con una modificación "encubierta" de la ley. Además, ha señalado que "establecer una discriminación hacia la mujer por su condición sexual y o estado civil es una gravedad importantísima, hay que respetar la igualdad de todas las mujeres en el acceso a la reproducción asistida".

Por último, Sánchez Rubio ha asegurado que la Administración autonómica usará todo el proceso normativo "que se nos permita" para oponerse a la modificación de la ley. No obstante, ha explicado que cuando se modifica la cartera básica común de servicios asistenciales, las actuaciones propuestas por las comunidades autónomas "pueden ser permitidas o no por el Gobierno central".

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