La Real Academia Galega (RAG) ha reclamado al Ministerio de Economía que admita "inmediatamente" las solicitudes de beca de estudios realizadas por estudiantes de Galicia por remitir certificados redactados en lengua gallega, una "clara" situación de "discriminación lingüística".

La RAG se ha visto "en la obligación" de impulsar un comunicado para trasladar su postura sobre una decisión "totalmente inaceptable" y que supone "un claro caso de discriminación contra el idioma gallego" por parte del departamento estatal, que argumentaba su rechazo a las solicitudes en que las bases de la convocatoria especifican que las certificaciones en otras lenguas deben ir acompañadas de traducción jurada.

Aunque reconoce que el idioma oficial del Estado es el castellano y que la Ley de Procedimiento Administrativo requiere que los documentos oficiales con efecto en la Administración del Estado se redacten en castellano o se acompañen de traducción, la RAG considera "evidente" que estos principios legales "no son de aplicación en este caso."

La RAG argumenta que en otras ocasiones diversos organismos del Estado "aceptaron el uso de lenguas cooficiales" en diferentes tipos de documentos administrativos y que en esta convocatoria se permite la documentación en inglés, que "carece de estatuto de oficialidad" en España.

Sobre todo, para la Academia Galega resulta "sorprendente" que el Ministerio se justifique en declaraciones públicas argumentando "que el inglés es el idioma de la ciencia", además de "intolerable" que califique de "residual" el número de afectados por esta situación.

"Este calificativo resulta en si mismo muy expresivo del desprecio con el que el Ministerio actuó en este caso: desprecio hacia los derechos de las personas y menosprecio hacia el propio idioma", ha añadido.

Por ello, la Academia pide "que sean automáticamente reconocidos como legales a todos los efectos" los certificados expedidos en las lenguas cooficiales "siempre que se atengan a formularios normalizados, legalmente establecidos y aprobados", para lo que pide al Gobierno, de acuerdo con la Xunta, que actúe "con la mayor diligencia" para impedir así nuevos casos de "flagrante discriminación lingüística".