La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) ha denunciado que el borrador de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2014 prevé un recorte de 2,6 millones en los fondos destinados a políticas sociales respecto al año anterior, lo que representa una caída acumulada del 50 por ciento respecto a 2010.

En concreto, el Gobierno regional destinaba 54 millones de euros para este fin en 2010, sin contar con las ayudas a la Dependencia, y para el año 2014 hay consignada una partida de 27 millones de euros en estas partidas, que contemplan tanto los fondos destinados a las instituciones sin fin lucrativo que prestan servicio a las personas en riesgo de exclusión, como las ayudas sociales individualizadas.

Así lo ha hecho saber el presidente de EAPN-RM, Jesús Salmerón, acompañado por la vocal de Inclusión de la Red, Eva León, en una rueda de prensa ofrecer una valoración sobre la Ley de Presupuestos, que se encuentra en trámite parlamentario y que será aprobada previsiblemente en breve por la Asamblea Regional.

Específicamente, las partidas recogidas en los Presupuestos destinadas a instituciones sociales sin fin lucrativo, que prestan servicio a las personas en riesgo de exclusión en programas de inmigración, familia, menores o lucha contra la pobreza, han caído 5,3 millones de euros respecto a los presupuestos de 2013, y 18 millones de euros con respecto a 2010.

Por su parte, las prestaciones sociales individuales, que contemplan la prestación de la Renta Básica de Inserción (RBI), las ayudas de inserción y protección social o las políticas de educación, formación y empleo, entre otras cosas, han registrado un aumento global de 2,7 millones de euros respecto a 2013.

EAPN-RM ha valorado positivamente este aumento, que achacan principalmente al aumento de fondos de la RBI en 1,7 millones respecto al anterior, así como la creación del fondo de ayuda urgente a personas necesitadas aprobado por la Asamblea Regional a propuesta del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, y dotado con 1,5 millones que irán destinados no sólo a ayudas a la alimentación, sino a pago de alquileres, salud o vivienda.

Además, lo atribuyen al mantenimiento de las ayudas periódicas de inserción y protección social, o el incremento en un millón de euros de las subvenciones de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo destinadas a ayudas de comedor escolar de carácter compensatorio.

Sin embargo, Salmerón lamenta que las partidas tampoco se libran de un descenso acumulado de 9,7 millones respecto a 2010, ya que los fondos destinados por el Gobierno regional a este fin han caído desde los 26,1 millones a los 16,4 millones en cuatro años.

Aunque Salmerón valora positivamente el incremento de los fondos destinados a la RBI, critica que es una partida "que no debe de estar sujeta a un presupuesto que no cubre la necesidad de las personas". Y es que estas prestaciones "representan una línea roja contra la pobreza y la exclusión social".

León critica que los fondos destinados a la RBI "son completamente insuficientes" y, teniendo en cuenta la gente que está en desempleo, habría un total de 8.000 personas que tienen derecho a esta prestación pero "no la están cobrando actualmente". Para atender esta demanda, estima que sería necesario ampliar el fondo en más de 40 millones de euros anuales.

"la pobreza con nombres y apellidos"

Durante su intervención, Salmerón ha recordado que los datos del Eurostat, del Instituto Nacional de Estadística (INE), del INEM o del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) "confirman claramente que hay más pobreza y la desigualdad se agranda entre los que tienen más y los que tienen menos".

De hecho, León ha remarcado que el 30 por ciento de la población de la Región de Murcia está desempleada y la tasa de pobreza representa un porcentaje idéntico, lo que significa que hay 400.000 personas en la Comunidad que vive por debajo del umbral de la pobreza, 105.000 más de las que había cuando empezó la crisis en 2008. Todo ello, cuando el 20 por ciento de la población "acumula gran parte de la riqueza".

León ha hablado "desde la cercanía" de los trabajadores y educadores sociales que trabajan con la población excluida, y ha querido remarcar que "detrás de estas cifras hay rostros y miradas rotos por la desesperación, porque lo han perdido todo y se ven sin posibilidad de pagar la alimentación o necesidades educativas de sus hijos".

Se trata de gente para la que la vida "no merece la pena porque se lo están quitando todo, y una persona pierde la dignidad cuando no puede cubrir sus necesidades básicas". Por ello, remarca que las 26 organizaciones que componen EAPN-RM "atienden cada vez a más gente con menos recursos y se ven saturadas", ha criticado León.

PROPUESTAS

Por todo ello, León ha pedido a los consejeros de Sanidad, María Ángeles Palacios, y de Educación, Pedro Antonio Sánchez, que "pongan sus presupuestos sobre la mesa y luchen por las ayudas a los más necesitados como si les fuera la vida en ello". Mientras que a Valcárcel le ha pedido "que sea coherente y cumpla sus compromisos de proteger a la gente que lo está pasando mal".

Asimismo, ha reclamado a los diputados regionales que voten en contra del borrador de Presupuestos tal y como está planteado y en contra "de la austeridad".

Además, reclaman que se restituyan las partidas de formación y empleo; que se mantengan los programas de integración social de inmigrantes y de atención a colectivos en riesgo e exclusión; recuperar la partida específica destinada a organizaciones de lucha contra la pobreza; mantener los programas de prevención de SIDA, drogodependencias y reforma juvenil; así como restituir las ayudas individualizadas a los niveles de 2010.

Igualmente, el presidente de EAPN-RM ha reclamado que se desarrollen marcos normativos y legales, así como revisar los existentes como, por ejemplo, el de la RBI. Además, exige la elaboración de un plan regional de inclusión y un plan de emergencia de lucha contra la exclusión.

En segundo lugar, ha reclamado que se reconozca el papel de las organizaciones sociales que trabajan en el tercer sector, que se delimite su función y que se determine el apoyo a la labor que desempeñan, así como el marco financiero que les corresponde por la función que desarrollan.

Salmerón ha criticado que, a veces, cuando se destinan presupuestos para las organizaciones sociales "también se traspasan a estas organizaciones una responsabilidad que depende de las administraciones públicas". Por ello, lamenta que muchas veces las atenciones quedan registradas "como una ayuda, y no como un derecho".