El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha respondido con dureza a las críticas lanzadas este martes por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Ejecutivo. "Le pido a este señor que respete al Gobierno español, al Congreso y en definitiva, a España", ha espetado Fernández Díaz, para quien Muiznieks no se ha leído el borrador.

En una entrevista concedida a Los Desayunos de TVE, el titular de Interior ha defendido la futura normativa, que ha calificado de "absolutamente necesaria". Una normativa que Muiznieks ve "altamente problemática".

Fernández Díaz ha justificado esta reforma por la propia reforma del Código Penal, en el que, "dando respuesta a una demanda generalizada", se eliminan las faltas. "Unas pasan a ser delitos leves y otras desaparecen, pero esas conductas siguen siendo merecedoras de un reproche social  y tienen que estar recogidas en una ley de estas características", ha argumentado.

El ministro ha señalado además que han pasado 22 años desde la aprobación de la vigente norma, periodo durante el que "han aparecido conductas que no pueden estar en el Código Penal, algunas vinculadas por ejemplo con las tecnologías".

En línea similar, ha negado que estén en riesgo derechos como el de reunión o el de manifestación: "No solo no están en riesgo sino que incluso están mejor garantizados". Y ha agregado que el proyecto pasará por "varios filtros jurídicos y cualificados", como la Agencia de Protección de Datos, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.

Preguntado también por las cuchillas instaladas en la valla de Melilla, el ministro ha señalado que ese término "no es neutral", para agregar a continuación que "el término técnico es concertina". Este tema es otro de los que han suscitado rechazo internacional. La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, consideró este martes que son inútiles a la hora de prevenir la entrada ilegal de inmigrantes y pidió a las autoridades españolas que vigilen atentamente este asunto.

Fernández Díaz ha afirmado que "España tiene el derecho y la obligación de velar por la seguridad de sus fronteras" y ha reiterado que no ve comprensible que "cualquier particular" u "otras administraciones" puedan utilizar las concertinas y el Estado no pueda hacerlo. "Si atacan a los derechos humanos será en todos los casos y por lo tanto no deberían fabricarse ni comercializarse", ha concluido.