Víctimas del régimen franquista comenzaron este martes a declarar en Buenos Aires ante una jueza argentina y se mostraron contentas y esperanzadas de lograr nuevas imputaciones por los crímenes cometidos durante la dictadura que rigió España entre 1939 y 1975.

"Estoy contenta pero agotada", dijo Merçona Puig Antich con una sonrisa, tras testificar durante casi dos horas en el juzgado a cargo de la magistrada María Servini de Cubría.

Durante su declaración, Puig Antich relató la detención, el juicio sumarísimo, la sentencia a muerte y el ajusticiamiento por garrote vil de su hermano, Salvador Puig Antich, el 2 de marzo de 1974.

Su testimonio llegó con siete meses de retraso, ya que la videoconferencia prevista para el pasado mayo fue cancelada en el último momento a petición del Ministerio español de Asuntos Exteriores.

"Estoy muy esperanzado y muy contento. Después de tantos años pude ejercer la acusación contra una dictadura criminal y genocida y contra los responsables que aún están vivos del asesinato de mis compañeros", aseguró Pablo Mayoral, otro de los querellantes.

Mayoral fue procesado en uno de los últimos consejos de guerra del régimen franquista y condenado a 30 años de cárcel, de los que cumplió tres.

A su salida del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, los declarantes fueron recibidos con preguntas y abrazos por parte del resto de la comitiva española, que llegó a la capital argentina para impulsar la investigación por crímenes del franquismo abierta en 2010.

"El momento en el que llega el 2 de marzo fue doloroso, porque acaba todo. Pero tuve que remontar y continuar explicando todo lo que hemos ido haciendo desde entonces", señaló visiblemente emocionada Puig Antich. "Estoy buscando que se haga justicia, que se sepa y se piense en cómo lo pasó mi hermano y todos los que fueron maltratados", afirmó.

Puig Antich confía en que su testimonio allane el camino para nuevas imputaciones, en especial la del firmante de la condena de muerte de Salvador, el exministro del régimen José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Los querellantes buscan también la imputación de otros dos altos cargos de la dictadura: el exministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa y el exministro de Trabajo Fernando Súarez González.

La delegación española, integrada también por abogados, familiares de víctimas y diputados vascos, se mostró agradecida por la colaboración del tribunal y por el apoyo recibido desde numerosas organizaciones de derechos humanos argentinas.

Además, celebraron las órdenes de búsqueda y captura dictadas el pasado septiembre por Servini de Cubría contra cuatro exmiembros de las fuerzas de seguridad del régimen supuestamente involucrados en delitos de represión durante la dictadura franquista.

Los dos que siguen vivos, los expolicías Juan Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar, deberán presentarse el próximo jueves en la Audiencia Nacional española para responder si quieren ser extraditados a Argentina.

"(La citación judicial) es un paso muy importante", dijo Soledad Luque Delgado, presidenta de la asociación 'Todos los niños robados son también mis niños', quien se sumó a la querella como parte de su búsqueda a su hermano mellizo, Francisco. "Ha habido un rápido avance en los últimos seis meses gracias a la presión popular", agregó Luque.

Las nuevas 13 declaraciones de querellantes españoles se sucederán a diario hasta el próximo viernes, un día antes de que la comitiva española emprenda el viaje de vuelta.