El Consejo de Europa ve "altamente problemática" la Ley de Seguridad Ciudadana de Rajoy

Imagen de una de las asambleas previas a la protesta del 23-O.
Imagen de una de las asambleas previas a la protesta del 23-O.
JORGE PARÍS
Imagen de una de las asambleas previas a la protesta del 23-O.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha mostrado este martes sus dudas sobre el borrador de la ley de Seguridad Ciudadana presentado por el Gobierno español que prevé, entre otras cosas, multas de hasta 600.000 euros para manifestaciones no comunicadas frente a instituciones públicas. Muiznieks considera que es "altamente problemática".

Explicó que, por un lado, plantea la cuestión de hasta qué punto están claros los términos legales de cara a la interpretación judicial y su conocimiento por parte de los ciudadanos, y, por otro, la de "si son necesarias estas restricciones en una sociedad democrática" para mantener el orden público "sin interferir demasiado en la libertad de reunión".

"Si va mas lejos trataré el tema con las autoridades españolas", añadió.

Muiznieks hizo estas declaraciones a EFE tras presentar en Bruselas un informe del Consejo sobre el impacto de la crisis en la protección de los derechos humanos. Así, pidió a la Unión Europea (UE) y a la troika (BCE, CE y FMI) que tengan en cuenta el impacto que los acuerdos de asistencia financiera y sus condiciones pueden tener sobre la situación de los derechos humanos en los países receptores. "La comunidad internacional en ocasiones ha puesto condiciones muy duras (al conceder asistencia financiera) que atan las manos de los gobiernos", dijo.

El documento pone de manifiesto que las medidas de austeridad recomendadas por las instituciones internacionales y emprendidas por los Estados han afectado a la protección de los derechos humanos, especialmente a los derechos sociales y económicos de los más vulnerables (niños, jóvenes, discapacitados y mujeres, entre otros), al acceso a la justicia y al tratamiento igualitario. Por ello, Muiznieks abogó por que se estudie el impacto de estas políticas y se consulte con organizaciones civiles o de derechos humanos para que sean corregidas si se encuentra que tienen efectos desproporcionados sobre la población.

El comisario apeló no solo a la responsabilidad internacional, sino a la de cada gobierno. "La troika -Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea (CE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- no dice 'recorten en servicios' dice 'arreglen su agujero fiscal' (...) y muchas veces los gobiernos recortan gastos antes de pensar en otras formas de hacerlo", señaló. "Los gobiernos y la UE tienen obligaciones para con los derechos humanos y hay formas de bregar con la crisis y la austeridad que plantean menos problemas", añadió.

El estudio señala que la crisis ha tenido especial impacto sobre los jóvenes, golpeados sobre todo por el desempleo, que para este colectivo alcanzó el 23,7% en la UE y el 57,4% en España, según los últimos datos de Eurostat, la oficina de estadística comunitaria. Muiznieks indicó a Efe que esta situación tiene efectos a largo plazo y un coste social en general: "Estamos viendo una inmigración de jóvenes importante en España, que con frecuencia dejan atrás a niños o ancianos, algo que olvidamos (...) y el hecho de no tener trabajo y no sentirse realizado puede desembocar en estrés y problemas de salud".

El comisario se refirió también a los derechos de información y participación y destacó que tanto en las decisiones internacionales como nacionales "han faltado transparencia, participación ciudadana y responsabilidad democrática".

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