Enrique Calabuig dice que fue buena idea hacer una inversión inmobiliaria con dinero de Banco de Valencia

El consejero de Aguas de Valencia (AVSA), Enrique Calabuig, hermano del presidente de la compañía, Eugenio Calabuig, ha defendido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que fue una buena idea destinar en marzo de 2009 un préstamo de 50 millones de euros otorgado por el Banco de Valencia a inversiones inmobiliarias en Castellón.

El consejero de Aguas de Valencia (AVSA), Enrique Calabuig, hermano del presidente de la compañía, Eugenio Calabuig, ha defendido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que fue una buena idea destinar en marzo de 2009 un préstamo de 50 millones de euros otorgado por el Banco de Valencia a inversiones inmobiliarias en Castellón.

Calabuig, que ha declarado como imputado en la causa que investiga la concesión de préstamos irregulares por parte de la entidad a la mercantil valenciana, ha reconocido, además, que el dinero, que se destinó a la compra de terrenos en la costa de Oropesa (Castellón), procedía de un crédito concedido por el banco y que debía destinarse a mantener el control sobre la compañía de suministro de agua, que participaba la entidad.

El préstamo fue concedido a Agval —empresa participada por la entidad y la familia Calabuig— en previsión del posible lanzamiento de una OPA por parte de Aguas de Barcelona sobre las acciones de la compañía valenciana. El dinero debía permanecer en un depósito para ser destinado a una OPA de exclusión que permitiera a los valencianos sortear los intentos de compra de la empresa catalana, en caso de ser necesario.

Enrique Calabuig ha respaldado la declaración ante el juez prestada ante Pedraz por su hermano Eugenio, que explicó que utilizaron el dinero al entender que podían disponer de él para otros fines, ya que la cantidad estaba depositada en una cuenta en la que había más fondos de la compañía, otros cinco millones de euros, han indicado las mismas fuentes.

Inversiones Financieras Agval, sociedad que controla el 60,679% del accionariado de Aguas de Valencia, está integrado por el Banco de Valencia y Fomento Urbano de Castellón (FUCSA), propiedad de los Calabuig. El banco es titular del 50 por ciento de esa sociedad tenedora de acciones (por lo que controla indirectamente un tercio del capital de AVSA). La otra mitad de Agval (más una acción) pertenece a la empresa Fomento Urbano de Castelló, un grupo empresarial familiar en manos el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig.

El juez Pedraz, que investiga en esta causa la gestión de los administradores del Banco de Valencia, interrogará mañana a Celia, Pedro, Mercedes Calabuig, también hermanos del presidente de Aguas de Valencia. El martes de la próxima semana prestarán declaración el exconsejero delegado del banco Domingo Parra y su esposa María José Aznar Mayans.

Causa principal y querellas

Pedraz amplió el pasado 21 de noviembre la imputación en la causa principal de los 13 antiguos miembros del consejo de administración del Banco de Valencia y el socio de la auditora Deloitte a los que también investiga en esta causa por supuestas irregularidades en la entidad para atribuirles un nuevo delito de falsedad contable.

La medida afectó, entre otros imputados, al expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; los exvicepresidentes de la entidad Antonio José Tirado y Celestino Aznar; y el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer.

En esta causa sobre la gestión del Banco de Valencia, que el juez Pedraz asumió en junio de 2012 a partir de una querella de la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), Pedraz también imputó a las sociedades Deloitte, Bancaja, el operador de banca-seguros vinculado al grupo, Bancaja Hábitat, Bancaja Participaciones, Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, Libertas 7, Macomar Inver, Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social, Grupo Bancaja Centro de Estudios, Gesvalmina y Minaval.

Además, el magistrado instructor admitió a trámite otras nueve querellas sobre la concesión de créditos irregulares, entre los que se encuentran los que habría recibido el presidente de Aguas de Valencia.

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