La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, ha remitido un escrito al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el que le exige que interponga recurso de casación contra todos los autos de excarcelación de presos de ETA dictados por la Audiencia Nacional (AN) tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la Doctrina 'Parot' y los que siga dictando.

En un comunicado, Ordóñez ha denunciado que la Fiscalía "no está cumpliendo ni su mandato legal, ni el procedimiento marcado por el Tribunal Supremo el pasado 12 de noviembre en torno a las excarcelaciones de etarras".

En el escrito remitido a Torres-Dulce el colectivo recuerda que cuando la Audiencia Nacional (AN) decidió hacer extensiva al resto de reclusos de ETA la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el caso de la presa de la banda armada Inés del Río en prisión en aplicación de la Doctrina 'Parot', la Fiscalía solicitó a la Audiencia que "pidiera documentación que acreditase que la redención de pena no se había realizado de forma extensiva y automática".

En este sentido, ha indicado que el fiscal general del Estado solicitó "detalle de los trabajos efectuados por el interno y que hubieran sido tenidos en cuenta a los efectos de la aplicación de esas redenciones". "La AN le negó esa documentación y Fiscalía dio por finalizada su labor", ha apuntado.

A juicio de Covite, Torres-Dulce "renunció al mandato constitucional al no interponer un recurso de casación" y más aún "cuando el propio TS, el 12 de noviembre de 2013, acordó que las resoluciones relativas a las acumulaciones y liquidaciones de condena son susceptibles de recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS)".

Sin personación de las víctimas

Además, ha apuntado que el TS también determinó que "esas resoluciones debían acordarse en cada caso por el Tribunal sentenciador oyendo a las partes" y ha denunciado que eso "no se ha producido", ya que las víctimas del terrorismo "no han podido personarse en esta fase del procedimiento penal".

A ello ha añadido que "tampoco han sido informadas de las resoluciones que les afectan ni de las excarcelaciones y puestas en libertad". Covite ha sostenido que "el interés de los damnificados ha descansado exclusivamente sobre la acción o inacción de la Fiscalía", que, además, "tiene la misión esencial de defensa de las víctimas y el ejercicio de la acción pública".