Las conclusiones de la revisión de oficio de la Junta plantean la "nulidad" de dos ayudas a UGT-A por 1,8 millones

El funcionario instructor del procedimiento de oficio abierto por la Junta de Andalucía sobre las subvenciones concedidas a UGT-A plantea en las conclusiones que ha remitido este martes al Gabinete Jurídico la nulidad de dos ayudas concedidas al sindicato por valor de 1,8 millones de euros vinculadas a programas de información y asesoramiento sobre actividad sindical y negociación colectiva.

El funcionario instructor del procedimiento de oficio abierto por la Junta de Andalucía sobre las subvenciones concedidas a UGT-A plantea en las conclusiones que ha remitido este martes al Gabinete Jurídico la nulidad de dos ayudas concedidas al sindicato por valor de 1,8 millones de euros vinculadas a programas de información y asesoramiento sobre actividad sindical y negociación colectiva.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha detallado que el instructor argumenta la nulidad de estas ayudas "en que se ha pedido documentación justificativa y no se ha entregado por parte de la central sindical".

A partir de las conclusiones iniciales del instructor, el Gabinete Jurídico debe elaborar un nuevo informe, que será remitido a UGT-A para que formule alegaciones y con posterioridad al Consejo Consultivo, donde se valore si existen o no elementos para acometer "alguna acción más" además de la vía administrativa "que sigue su curso", ha explicado Vázquez.

Según el portavoz, con el informe del funcionario instructor la Junta está "cumpliendo con los plazos y actuando con rigor, con todas las garantías para que se llegue hasta el final de la investigación y con total transparencia", lo que, a su juicio, demuestra que es "proactiva en el esclarecimiento de los hechos".

En este sentido, ha anunciado que el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha pedido la comparecencia parlamentaria a petición propia para informar sobre las conclusiones del informe del funcionario instructor y la marcha de la investigación interna abierta sobre las ayudas a UGT-A.

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