El PP-A solicitará este lunes la comparecencia del secretario general de UGT, Cándido Méndez, en el Parlamento andaluz en relación con el "escándalo de las facturas" del sindicato en relación con ayudas y subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía.

Así lo ha anunciado la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, que ha indicado que su partido quiere que Méndez acuda a la Cámara autonómica "dada la trascendencia nacional del escándalo" y después de que haya trascendido que el dimitido secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, "lo compartía todo" con Méndez.

La solicitud de comparecencia de Méndez en el Parlamento andaluz se suma a las ya reclamadas sin éxito por el Grupo Popular del dimitido Fernández Sevilla; de su antecesor al frente de UGT-A, Manuel Pastrana,  y del tesorero del sindicato, Federico Fresneda. No obstante, los populares han confiado en que "en pro de la transparencia" el Gobierno de PSOE e IU no vete la comparecencia del líder de UGT.

Todas ellas han sido rechazadas hasta el momento por PSOE-A e IULV-CA (socios de Gobierno en la Junta de Andalucía) en la Mesa de la Cámara y de la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

La petición del PP-A se basa en las informaciones que apuntan a que UGT confederal podría haberse "embolsado" unos 600.000 euros en la gestión de los ERE y a que el secretario general estaba informado de todo lo que acontecía en la gestión de la organización regional.

Asimismo, Corredera ha explicado que su partido ha optado por pedir la comparecencia de Cándido Méndez ante la "opacidad clamorosa" del Gobierno andaluz y de su presidenta, Susana Díaz, sobre el supuesto fraude en los fondos de formación cometido por UGT-A, que investiga la jueza Mercedes Alaya, también encargada del caso de los ERE.

Del miemo modo, ha censurado el "silencio" de Susana Díaz ante este presunto caso de corrupción al no haber pronunciado una "palabra de crítica sobre el fraude" en los fondos públicos de formación y por haberse "parapetado" en una investigación de los servicios jurídicos de la Junta.

Y ha sostenido que la personación de la Junta en la causa judicial abierta contra UGT por el supuesto desvío de los fondos de formación hacia otros fines es una "decisión política que está obligada a tomar". También le ha exigido que "no tome a los servicios jurídicos como escudo ante su cobardía política", en alusión al informe que está elaborando sobre los expedientes abiertos a UGT y que hasta ahora elevan el fraude a 1,8 millones.

El Gobierno andaluz "está obligado a personarse en esa causa para defender el dinero de los andaluces", ha apostillado la dirigente popular, quien ha reprochado al Ejecutivo andaluz su interés en "actuar más como defensa que como acusación". Con el "silencio" sobre el presunto fraude cometido por UGT, la presidenta demuestra que "le tiembla el pulso y la voz a la hora de limpiar la corrupción", a pesar de su "palabrería" de lucha contra esta lacra, según Corredera.

Igualmente, ha censurado el papel de IULV-CA por "preferir seguir de convidado de piedra antes de abanderar la lucha contra la corrupción".

El PP-A presentará en el próximo pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley para pedir una auditoría del uso de las transferencias de financiación a las distintas consejerías a favor de sus entes instrumentales.

Esta petición la realiza a raíz de la causa judicial del uso de las transferencias de financiación de la empresa de capital riesgo de la Junta Invercaria a nueve empresas para investigar a petición de la Fiscalía Anticorrupción posibles delitos de prevaricación y malversación en el uso de las transferencias de financiación, que fue el mismo mecanismo usada en el caso de los ERE para pagar las ayudas a empresas y a trabajadores.

Por su parte, el sindicato ha convocado para este martes una rueda de prensa (11.00 h) para explicar la situación actual por la que atraviesa el sindicato tras la dimisión de Fernández Sevilla.

Su Consejo Regional, formado por los secretarios de las uniones provinciales, los secretarios de las federaciones sectoriales regionales y la Comisión Ejecutiva, ha empezado este mediodía una reunión de carácter extraordinario para analizar la situación generada en el sindicato tras la dimisión de Fernández Sevilla.

En dicho órgano, formado por unas 26 personas, se informará sobre la situación actual del sindicato, y es previa a la reunión del Comité Regional, máximo órgano entre congresos, previsto para el 9 de enero de 2014.

Mientras tanto, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha asegurado que el dinero público debe gestionarse "con honestidad, transparencia y absoluto respeto" al ser preguntada por las acusaciones contra UGT sobre el uso dado a los fondos de formación.

Hidalgo ha subrayado que "cuando las cosas se hacen mal hay que responder hasta las últimas consecuencias". Pero ha insistido en que "que haya personas que lo hayan hecho mal no puede llevar a decir que la formación en su conjunto sea mala o que no se ha hecho formación en este país o que no sea imprescindible que los trabajadores tengamos formación de manera permanente".

Para el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, el Gobierno andaluz "debe seguir investigando" las ayudas concedidas a UGT-A tras la dimisión de Fernández Sevilla. "En eso no se puede tener ninguna duda".

Según ha señalado, la dimisión de Fernández Sevilla es "una acción coherente para evitar que salpique a su antecesor en el cargo", el que fuera secretario general de UGT-A Manuel Pastrana, pero esto, a su juicio, "no obvia que el Gobierno siga investigando como tiene que investigar".

Preguntado sobre si la situación que atraviesa UGT-A puede afectar al próximo acuerdo de concertación con los agentes sociales y económicos de Andalucía, el coordinador general de IULV-CA ha apuntado que el modelo de concertación tiene que abrirse a la economía social. "No puede establecerse un modelo de concertación sin contar con la economía social", ha subrayado.