Ni la dimisión este viernes del secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, servirá previsiblemente para frenar la caída en picado que ha experimentado la credibilidad del sindicato en los últimos tiempos por su relación directa con el 'caso de los ERE' y la financiación ilegal de la formación con fondos destinados a cursos para desempleados y trabajadores.

La Junta de Andalucía cifra en 1.800.000 euros la cantidad que UGT-A tendría que devolverle por el desvío de fondos para planes de formación por dos expedientes que están en estudio.

Desde Madrid, su secretario general, Cándido Méndez, reelegido por sexta vez hace unos meses, mantiene la calma por ahora, defiende a la federación andaluza y remite al comité extraordinario convocado para el 9 de enero.

"Las acusaciones carecen de fundamento", ha asegurado. Sin embargo, Méndez ha reconocido en una entrevista al programa El Objetivo, de La Sexta, que "la dimisión es uno de los escenarios que me he planteado".

Entre los últimos fraudes que han salido a luz de UGT-A destaca el cargo de 100.238,73 euros a cuatro subvenciones de la Junta de Andalucía por la compra de 700 maletines de piel y 1.000 bolígrafos que se repartieron entre los delegados que asistieron a su IX Congreso, celebrado en septiembre de 2009 en Sevilla, en el que Manuel Pastrana salió reelegido como secretario general andaluz, según publicó El Mundo.

En teoría, el dinero de las subvenciones debía destinarse a la publicidad de los planes formativos del sindicato para los parados andaluces. Para colmo, los maletines, todos idénticos y fabricados en Asia por encargo, eran imitaciones de uno de la marca Salvador Bachiller. Estos son otros de los escándalos protagonizados por UGT-A:

UGT-A fue una pieza fundamental en esta trama de corrupción. El sindicato, al igual CC OO, aportaba la información de las empresas que podían ser susceptibles de ayudas y subvenciones. A cambio de 'recomendar' a determinadas empresas recibían una comisión extra, ya que las organizaciones sindicales suelen llevarse por norma general el 1% del total presupuestado para la formalización de un ERE. Además, los sindicatos también recibieron dinero del llamado 'fondo de reptiles' (casi 30 millones de euros) y de empresas participadas y asesorías vinculadas que intervinieron en los ERE, según La Razón. Hasta ahora, Salvador Mera, exsecretario general de la UGT de Cádiz, es el único imputado perteneciente a la organización. La jueza Alaya considera que negoció directamente el pago de comisiones en el ERE de la minería de Huelva.

Según El Mundo, el sindicato cargó a una subvención de la Junta de Andalucía, otorgada para sufragar los gastos derivados de los procesos de la "negociación colectiva", los costes del servicio de catering (bocadillos, tortillas de patatas...) contratado para cubrir la jornada de huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

UGT-A falseó facturas para camuflar varios gastos de la huelga general de 2010 contra José Luis Rodríguez Zapatero bajo la apariencia de "acciones formativas dirigidas a personas desempleadas", según El Mundo.  Entre esos gastos figuran los anuncios que el sindicato contrató en El País y la SER y que hizo pasar por un curso para el cuidado de personas con alzhéimer dirigido a parados.

La dirección de UGT gastó 12.716,23 euros en una fiesta nocturna a la que invitó a sus empleados en vísperas de la Feria de Abril de Sevilla de 2010. Luego, cargó ese importe a la subvención anual que otorgaba la antigua Consejería de Empleo de la Junta para sufragar los gastos de representación del sindicato en la negociación colectiva, según El Mundo.

Manuel Pastrana, exsecretario general de UGT-A, autorizó que su organización desembolsara 228.384 euros para adquirir una vivienda unifamiliar en el año 2000, donde posteriormente viviría, dos años después de que accediera a la secretaría general andaluza, según publicó ABC. Pastrana también se gastó 852 euros en una cena que pagó con la Visa oro de la organización el día en que UGT anunciaba que despedía a 159 trabajadores de Andalucía por problemas financieros.

Según El Mundo, la formación sindicalista andaluza ha estado empleando desde hace años de forma eventual a jóvenes adolescentes sin darles de alta en la Seguridad Social y pagándoles en 'negro' por los servicios prestados. La hora de trabajo a estos jóvenes (la mayoría hijos o conocidos de dirigentes de la organización) se pagaba a ocho euros, llegando algunos a sumar jornadas laborales de diez horas.