El portavoz y concejal de UPyD en Los Alcázares, Mario Gómez, ha solicitado una comisión de investigación, para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades que, tras la nueva sentencia condenatoria del Juzgado nº1 de lo Contencioso/Administrativo al Ayuntamiento, anula los expedientes disciplinarios abiertos, por Junta de Gobierno, a uno de los policías locales.

Gómez explica que se trata de "expedientes disciplinarios que se abrieron después de que los agentes denunciaran en el juzgado al alcalde por un delito de coacciones. Hechos ocurridos cuatro meses después de tomar posesión y jurar cargo el Anastasio Bastida como alcalde de Los Alcázares".

En este sentido, desde UPyD se ha criticado duramente el comportamiento del alcalde de Los Alcázares, el cual "pretendía imponer unas sanciones desproporcionadas y desmedidas, como así ratifica la sentencia", según han informado fuentes de la formación 'magenta' en un comunicado.

"Dos años de gastos por condenas en costas al Ayuntamiento, por el simple hecho de retirar vehículos mal aparcados que impedían el montaje de la terraza que tenía autorizada un vecino y empresario del municipio. Es decir, mientras los agentes cumplían con sus funciones laborales requeridas por este vecino, el alcalde apareció en este lugar y supuestamente tuvo más que palabras con estos funcionarios", añade.

El portavoz de UPyD afirma que se trata de una historia que "afortunadamente para los agentes, comienza a ver la luz, el pasado fecha 19 de noviembre de 2013, cuando se emitió la primera sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso/Administrativo nº 1 de Cartagena, en el que el magistrado-juez falló a favor de uno de los agentes que puso la denuncia".

"Pero además, se espera que en pocos meses también el juez dicte sentencia para el otro policía que sufrió estos incidentes por parte del alcalde, lo que puede llevarnos de nuevo a pagar las costas tal y como ocurrió en el pasado juicio", apunta.

Igualmente, Gómez pide responsabilidad política al alcalde Anastasio Bastida, "por el dolo ocasionado a la Administración local, así como querer resolver, en Junta de Gobierno, los expedientes disciplinarios, infringiendo la Ley 30/92, concretamente el artículo 28, apartado 1, que determina que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones se abstendrán, entre otras, cuando exista interés personal por tener cuestión litigiosa pendiente, cuestión que le afecta directamente por estar imputado en un asunto penal".

A todas estas "desafortunadas" actuaciones de Anastasio Bastida, hay que sumarle el episodio anteriormente denunciado por UPyD Los Alcázares, el pasado mes de octubre, acerca del trato discriminatorio que sufrieron tres de sus agentes, distintos a los citados anteriormente, en la función del desempeño de su trabajo, que determinó la condena al Ayuntamiento a la devolución de 792 euros a uno de los agentes de la Policía Local, y consecuentemente, a la devolución de las cantidades devengadas al resto.

"Todo ello, además de imponer las costas del juicio por mala fe y temeridad, lo que supuso a las arcas municipales de Los Alcázares entre 5.000 y 6.000 ? aproximadamente, a los que ahora hay que añadir otros 3.000 euros en concepto de condena a las costas procesales por esta nueva condena", ha concluido.