Mercedes Alaya, la jueza que investiga el caso de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía considera que el exsindicalista de UGT y considerado conseguidor de los ERE Juan Lanzas incluyó a varios intrusos relacionados con un amigo "personal" con el que "compartía jornadas de caza en el coto privado propiedad del inculpado".

Así lo asegura la jueza en el auto de imputación de Juan José Viedma Gallardo, que ha comparecido este viernes ante la magistrada y se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Lo mismo han hecho la hija de Viedma, Juana Pilar Viedma Ocaña; y su pareja, Adoración Navarro.

La instructora imputa a los tres presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Según el escrito, Alaya considera que Viedma, a través de su amistad con Lanzas, "conocería la influencia" que éste tenía en la Consejería de Empleo "hasta el punto que a través de él se podían obtener ayudas procedentes de los fondos públicos andaluces". De esta forma, y "ante la mera solicitud verbal" del imputado, Lanzas "se comprometería a realizar las gestiones oportunas para que la misma fuera concedida".

Asimismo, la magistrada añade que, "aprovechando que en ese momento" el exsindicalista "estaba mediando en el expediente" relativo a la asociación de trabajadores de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), éste "utilizaría dicho expediente para atender la petición de su amigo" mediante la introducción en una póliza de rentas.

Así, explica que "queda claro que el inculpado conocería la ilegalidad de tal actuación, pues para que no apareciera su nombre, las pólizas se suscribirían con dos personas de su entorno: su hija y su compañera sentimental". La primera habría percibido 111.684,51 euros y su pareja, 117.564,36 euros.

A cambio de la concesión de estos 229.248,87 euros, "Lanzas le pediría un favor al inculpado a través de su hija", como era firmar contratos laborales a aquellos trabajadores de Matadero de Fuente Obejuna que no podían solicitar el convenio especial con la Seguridad Social al haber agotado el desempleo.

"Para salvar este escollo", 18 trabajadores del matadero fueron trasladados en un autobús hasta el domicilio social de la Sociedad Técnicas Agrícolas Ecológicas Integradas a fin de "firmar contratos a todas luces falsos, pues estos trabajadores no llegaron a prestar servicios laborales en dicha empresa, permaneciendo dados de alta de 16 a 21 días", con el fin de solicitar "el convenio especial con la Seguridad Social" y poder ser incluidos en el ERE.

Viedma se ha negado a declarar, pues afirma que "recibió la citación el martes y necesita más tiempo para preparar su declaración", aunque sí ha asegurado que los hechos que se le imputan "no son ciertos", además de señalar que "no ha sido amigo de Juan Lanzas ni lo es".

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él una fianza de responsabilidad civil de 229.248,87 euros más el tercio legal correspondiente, mientras que la acusación que ejerce la Junta ha solicitado 512.863,65 euros.

En el caso de su hija, el Ministerio Público ha reclamado una fianza civil de 111.684,51 euros, pero la Junta la ha elevado a 352.593,76 euros.

Respecto a la pareja sentimental de Viedma, Anticorrupción ha solicitado una fianza civil de 117.564,36 euros; la Junta, 160.269,89 euros.