El Juzgado de lo Penal número tres de Jaén ha condenado a un año de cárcel a dos empresarios, identificados como M.G.G. y E.F.I., por haber defraudado a Hacienda un total de 286.932,98 euros "respecto al Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio económico del año 2003", al "ocultar los beneficios obtenidos en su actividad empresarial con la finalidad de no abonar las sumas debidas por la mercantil Refinería Agrícola Española, S.A.", en la que ejercían como administradores.

Así lo considera probado la sentencia, fechada este pasado día 22 de este mes de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, que precisa que el objeto social de dicha empresa, constituida en agosto del año 2000 y domiciliada en Mengíbar (Jaén), era "la fabricación, refinación, envasado y comercialización de aceites", así como que el acusado M.G.G. pasó a ser administrador de la misma en junio de 2004, si bien el otro encartado que ha resultado condenado actuaba "como administrador de hecho".

De esta manera, el tribunal considera a ambos procesados autores de un delito contra la Hacienda Pública, para lo cual se apoya en un informe elaborado por funcionarios de la Agencia Tributaria, que considera "aptos para enervar la presunción de inocencia" de estas dos personas, y que enumera una serie de operaciones realizadas por la mencionada empresa que dan lugar a la comisión de dicho tipo penal.

En concreto, en la sentencia —que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial— se menciona una operación de venta de maquinaria de la que no se aportó "ninguna factura" por parte de E.F.I., y una segunda de adquisición de aceite por 346.578,62 euros a otra firma que "no se acredita", entre otras "anomalías".

Por todo ello, el Juzgado de lo Penal número tres ha condenado a un año de cárcel como autores de un delito contra la Hacienda Pública a E.F.I. y M.G.G., a este último a pesar de alegar "un total desconocimiento en la administración y gestión de la empresa", pero por ser "la persona que ostentaba el cargo de administrador de derecho de la sociedad y la persona que firmó la liquidación del Impuesto de Sociedades", por lo que, según entiende el tribunal, "se hallaba en condiciones de disponer, de forma directa o indirecta (...), de la información que se pretende evitar".

Tanto a M.G.G. como a E.F.I. —a quien el Juzgado considera "la persona que efectivamente controlaba o dirigía de forma efectiva la sociedad y por tanto tenía perfecto conocimiento de la actividad defraudatoria de la empresa"—, el tribunal ha condenado a abonar a Hacienda una indemnización de 286.932,82 euros "correspondiente al total de la cantidad defraudada".

Por último, el tribunal ha absuelto de estos hechos a M.P.J., quien también estaba imputada y que ejerció como administradora única de Refinería Agrícola Española, S.A. desde el 20 de diciembre de 2001 hasta su cese el 28 de junio de 2004, cuando fue relevada por el acusado M.G.G., al no poder "concluirse (...) que haya tenido conocimiento del delito que se le imputa ni que haya mediado concierto con los otros dos acusados".