El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Eloy Carmona, ha negado de nuevo cualquier "irregularidad" en la gestión municipal ante los "disparos de la oposición" por la denuncia promovida en su contra por la Fiscalía, a cuenta de la contratación en el pasado mandato del actual edil de Medio Ambiente, Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes con cargo a las arcas públicas. La denuncia se dirige también contra el propio Campos, actual concejal de Medio Ambiente, y la vigente edil de Cultura, Mercedes Fuentes, en su rol exconcejal de Medio Ambiente.

Mientras las fuerzas de oposición responsabilizan del asunto al alcalde tomareño y secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, Eloy Carmona ha reiterado que el Ayuntamiento no tiene "constancia" oficial de la denuncia de la Fiscalía. El concejal popular, no obstante, ha insistido en que en la contratación de Juan Campos no media "ninguna irregularidad", esgrimiendo que ni la Secretaría General ni la Intervención del Ayuntamiento pusieron "reparos" a dicha contratación. "Estamos a disposición de la Justicia para aclarar esto cuanto antes. Los disparos que haga la oposición son eso, disparos de la oposición", ha dicho.

El asunto responde a los informes que el Ayuntamiento de Tomares encargó en el pasado mandato a quien actualmente ocupa el área de Medio Ambiente, el actual concejal popular Juan Campos. Según la denuncia inicial elevada a la Fiscalía por los concejales del PA y de IU-CA, se trataba de informes de apenas dos o tres líneas de comentarios y que habrían sido elaborados 'a posteriori', precisamente para justificar el dinero abonado a Campos en el mandato anterior con cargo a las arcas municipales. Las fuerzas de oposición, además, avisan de una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, señalando que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se prolongaron hasta 2009.

A través de un escrito fechado el pasado 22 de noviembre y recogido por Europa Press, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, da cuenta de las diligencias de investigación incoadas a cuenta de la denuncia promovida por los concejales del PA y de IU-CA. "Llegados al punto en el que se concretan posibles hechos de relevancia penal, debe interponerse la oportuna denuncia, a fin de que se siga el procedimiento judicial pertinente. En tal documento, así, Segarra anuncia una "denuncia penal" por posibles delitos de malversación y prevaricación contra el concejal de Presidencia, el concejal de Medio Ambiente y su antecesora en dicha responsabilidad y actual edil de Cultura.

El ayuntamiento defiende que no hay irregularidades

El Ayuntamiento, ante esta decisión de la Fiscalía, señala de su lado que el contrato de Campos goza de "todos los antecedentes documentales necesarios, como la propuesta de servicios, tramitación y aprobación de la misma, así como todos los actos y documentos necesarios para la aprobación del gasto".

Esgrime el Ayuntamiento, así, un informe emitido el 6 de mayo de 2008 por la Intervención General sobre "la corrección del expediente de contratación", defendiendo que todas las facturas que median en el asunto cuentan con "informes del responsable de área de la prestación del servicio, propuesta de gastos, aprobación de la Delegación de Hacienda y orden de pago, todo ello con los correspondientes documentos presupuestarios en que constan las aprobaciones de la Intervención y de la Tesorería". "No consta irregularidad alguna en el procedimiento de contratación. Se seguía el procedimiento legal", defiende el Consistorio.