El proyecto de presupuestos de la Diputación y sus sociedades mercantiles para 214 asciende a 404,92 millones de euros. La clave de estos presupuestos reside en 50 millones de euros que la Diputación extrae de sus depósitos bancarios, para inyectarlos directamente al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), que transformará este dinero en anticipos "a coste cero" para que los ayuntamientos puedan hacer frente a sus inversiones y obligaciones.

Los 404,92 millones de euros presupuestados por la Diputación de Sevilla para 2014 se traducen en 278,25 millones de euros en gastos "no financieros", es decir partidas destinadas a inversiones, gastos corrientes y de personal o servicios de todo tipo; 17,87 millones de euros destinados directamente a la amortización de deudas y 107,85 millones de euros que computarían como "gastos financieros" a efectos de la Ley estatal de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que entre otros aspectos estipula para las administraciones límites o "techos" concretos para el gasto de dinero público en aspectos ajenos a los gastos financieros.

Estos 107,85 millones de euros se distribuyen en 11,75 millones de euros con destino a una nueva edición del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) para los ayuntamientos; 46,1 millones de euros para un nuevo programa de "anticipos reintegrables a largo plazo" y a coste cero para inversiones, actuaciones y obligaciones y otros 50 millones de euros con los que contará el Opaef para continuar con su apoyo a los ayuntamientos con anticipos ordinarios.

El pp votará en contra

Pues bien, en este marco, el portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Eloy Carmona, y el diputado José Leocadio Ortega han celebrado una rueda de prensa para anunciar que los populares votarán en contra de este proyecto presupuestario. Y es que, según los populares, "la supuesta revolución de Villalobos con los anticipos reintegrables es convertir la Diputación en un banco sin intereses. Una vuelta a las antiguas cajas de cooperación, al antiguo régimen de las diputaciones".

El PP, así, no se opone a la fórmula de los anticipos reintegrables para respaldar "puntualmente" a los ayuntamientos, pero avisa de que éste debe ser sólo eso, un instrumento "puntual". Los anticipos reintegrables, "por su propia dinámica", no se pueden prolongar más allá de cierto punto, sostienen los populares avisando de que "muchos" ayuntamientos no se acogerán esta vez a este recurso a cuenta de las dificultades derivadas de la concatenación de diversos anticipos que después deben ser reintegrados.

El dinero ahora destinado a reforzar el montante para los anticipos reintegrables, según el PP, debería haber sido utilizado en los últimos años para respaldar económicamente el coste de determinados servicios públicos que prestan los ayuntamientos y evitar que los mismos tuviesen dificultades a la hora de sufragarlos.

Igualmente, avisan los populares de que la extracción de los mencionados 50 millones de euros desde los depósitos bancarios de la Diputación para reforzar los anticipos reintegrables pone de relieve que, "durante los peores años de la crisis", el Gobierno provincial socialista, "en lugar de invertir el dinero, ha ido guardándolo para sacarlo cuando buenamente conviene al presidente, según los devaneos electorales del PSOE".

El dinero de los ayuntamientos

Según los populares, entre 2006 y 2012, la Diputación ha dejado de invertir o "hurtado" una media de 65 millones de euros anuales sólo para utilizarlos después como "remanentes" a repartir de manera discrecional o "partidista". Los 107,85 millones de euros destinados en general a anticipos reintegrables para los ayuntamientos, según los insisten populares, "ya tendrían que haber estado en manos de los municipios".

Igualmente, han criticado que, entrando en detalle, el proyecto presupuestario de la Diputación rebaje un 7,9 por ciento la dotación destinada al refuerzo de los servicios sociales comunitarios, mientras "desaparecen" la aportación a la teleasistencia y el programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social, para la cual ni siquiera habría solicitada la ayuda correspondiente a la participación de la Administración autonómica. La lucha contra las drogodependencias, según el PP, baja también en aproximadamente 160.000 euros.