El consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha expresado su "absoluto respeto" a la decisión del secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, de presentar su dimisión a raíz de las informaciones sobre presuntas irregularidades detectadas en la contabilidad del sindicato.

Sánchez Maldonado, que ha asistido en Málaga a la entrega del VII Premio Andaluz de Trayectorias Académicas, ha asegurado en declaraciones a los periodistas que la dimisión de un secretario general "es un hecho importante", pero ha insistido en que "respeto muchísimo esta decisión que ha tomado y no tengo más elementos ahora mismo".

Sobre la devolución de las ayudas, se ha remitido a lo que ya manifestó este pasado jueves en el Parlamento andaluz y ha reiterado que la previsión es que "el funcionario instructor del caso dará cuenta de cómo va el expediente; en su caso, se elevará a los servicios jurídicos de la Junta a partir del día 3", apuntando que "en su caso también, irá al Consejo Consultivo, que es el que dictaminará si ha lugar a reintegro o si no ha lugar o si se sobresee".

En este punto, ha expresado su "respeto total" a los servicios jurídicos y al funcionario de la Junta "que están cumpliendo con su papel" y ha asegurado que como consejero "lo único que hago es aplicar el derecho administrativo". "En eso la Consejería y el Gobierno andaluz en general, ya lo ha dicho la presidenta, Susana Díaz, en la lucha contra la posible corrupción siempre vamos a estar de frente", ha apuntado.

Ha explicado que en revisión de oficio están dos expedientes, pero "hay otros que se están investigando". No obstante, ha señalado que "las únicas cifras que yo puedo dar con certeza es que estos dos expedientes, que con casi toda seguridad van a pasar a servicios jurídicos, se elevan a 1,8 millones". "Que estén bien justificados o no, no lo sabemos, lo mismo nos dicen que está bien justificada una parte, todavía el instructor no me ha dado comunicación", ha dicho.

Sánchez Maldonado ha señalado que no sabe qué facturas son, ya que, ha indicado, "la independencia del funcionario la respeto totalmente y ni he hablado con él, porque en estos casos tenemos que ser muy respetuosos al ser cuestiones muy importantes que afectan a personas".

Asimismo, ha apuntado que esto "no tiene nada que ver con los ERE", sino que es "una investigación de oficio que se abre a raíz de las denuncias que aparecen en los medios de comunicación, que nos obliga a revisar cosas que ya estaban revisadas".

Mecanismos de control

El consejero de Economía ha recordado que ya la presidenta en su discurso de investidura anunció la intención de "implantar el procedimiento de fiscalización previa en todos los expedientes de esta naturaleza", con independencia de la cuantía, lo que hará que "todo lleve fiscalización previa para garantizar la tranquilidad".

Ha explicado que en la administración pública, "casi siempre toda la fiscalización de control del gasto se hace a posteriori, es decir, una vez producido el gasto, presentan la factura; ahora Intervención va a examinar la naturaleza del gasto, la idoneidad del mismo y si se puede o no pagar de manera previa a que se reembolse".

En este sentido, ha añadido que "esto en la administración no se hace comúnmente, salvo en cosas puntuales, y nosotros vamos a tratar de generalizar este procedimiento de fiscalización previa".