Por eso, la Consejería de Innovación, junto a Educación y Bienestar han aprobado el primer decreto en nuestro país de Protección del Menor en el Uso de Internet y las Nuevas Tecnologías que entrará en vigor en seis meses. Entre 3.000 y 600.000 euros tendrán que pagar aquellos que no cumplan las medidas orientadas a garantizar los derechos de los menores contempladas en el texto. Para su puesta en marcha se destinará un millón de euros.
Las medidas
Portal Infantil: En él se identificarán enlaces a sitios que garanticen la calidad y la seguridad para los niños en sus contenidos, y un buzón de dudas. También se podrán poner denuncias sobre contenidos ilícitos para los menores en diferentes web. Además, los portales de la Junta contarán con una sección adaptada a los niños.
Filtros de seguridad: Los padres podrán descargarse programas gratis (en software libre) para limitar el acceso a ciertas páginas. Los filtros serán obligatorios en centros educativos, bibliotecas públicas, centros Guadalinfo y en los centros de acceso público a Internet de los barrios.
Cibersalas: Deberán disponer de sistemas de seguridad y de filtrado. La entrada a menores sólo estará permitida cuando cuente con un responsable que oriente a los jóvenes en el uso de Internet.
Observatorio de la Infancia: Realizará un informe anual sobre el uso de Internet y las TIC de los menores de edad, en que se recogerán tendencias, riesgos, etc.
Guías de orientación: La Junta elaborará guías sobre el uso de Internet y las TIC dirigidas a niños y padres.
Reglas de seguridad y protección
En el Decreto, la Junta llama a todas las administraciones andaluzas a que velen por la protección del anonimato de los menores, cuyos datos no podrán ser solicitados si no es con la autorización de sus padres o tutores. Tampoco se podrá hacer uso de su imagen sin previo consentimiento de éstos.
Además, se vigilarán los riesgos del comercio electrónico o los juegos y propuestas de ocio que contengan violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes.




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