Los cuatro habían sido detenidos el lunes en esta operación que investiga la corrupción urbanística.
El empresario Santiago Santana Cazorla ha quedado en libertad sin fianza con cargos de delito contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y tráfico de influencias. Además se le ha retirado el pasaporte.
El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Mogán, José Silverio Hernández Hernández, ha quedado en libertad sin fianza, con cargos de delito electoral en concurso con falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación. Deberá presentarse en el Juzgado cada 15 días y también se le ha retirado el pasaporte.
Además, al responsable de Radio Arguineguín, Julián Melián Ascanio, que ya estaba en libertad, se le atribuye el cargo de malversación de caudales públicos.
Otro empresario, Álvaro Juan Canales Medina, fue puesto en libertad sin fianza con cargos de delitos de Malversación, Revelación de Secretos, Alteración de Precio Para Subastas Públicas y Tráfico de Influencias, según informó el TSJC.
A finales de enero fueron detenidos el alcalde de Mogán, José Francisco González González, la primera teniente de alcalde, Onalia Bueno García, el secretario del ayuntamiento, Ángel Sutil, el colaborador de la primera teniente alcalde, Manuel de León, y el antiguo jefe de la oficina de Urbanismo Marcelino Martín.
Los cinco están en libertad con diversos cargos, que van desde prevaricación y tráfico de influencias a negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos y malversación de caudales públicos
El caso sigue aún bajo secreto de sumario.
El de Mogán es el último de una serie de ayuntamientos que en los últimos meses se han visto involucrados en investigaciones sobre supuesta corrupción urbanística, tras el 'boom' que ha experimentado el sector inmobiliario en toda España en los últimos años.
El caso más llamativo es el de Marbella, donde por primera vez desde la recuperación de la democracia el consistorio fue disuelto y ahora es gobernado por una junta gestora, pero también se ha detenido a ediles o antiguos ediles de otros lugares, como Ciempozuelos en Madrid, Calviá o Andratx en Mallorca, Alhaurín el Grande o Manilva, en Málaga, y Camas, en Sevilla, entre otros.
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