La defensa de los exdirectores generales de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela han pedido a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que anule el auto del pasado 28 de junio en el que les imputó junto a otros 18 cargos o exaltos cargos, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, ya que entiende que tanto la Guardia Civil como la propia instructora les habrían "ocultado" pruebas "relevantes".

En el escrito, consultado por Europa Press, los imputados solicitan la nulidad del auto y, de manera subsidiaria, que se deje sin efecto la notificación del mismo hasta que le sean entregadas la totalidad de las declaraciones y documentación "que obran en poder" de la Guardia Civil "que aún no han sido incorporadas" al procedimiento, todo ello a fin de poder tener "pleno" conocimiento de las actuaciones y, así, "poder interponer recurso contra el citado auto tomando en consideración la totalidad de la documentación existente en el procedimiento".

El abogado de los imputados considera que, al dictar el auto del 28 de junio y al notificar el mismo a sus representados y a las restantes partes, "se ha ocultado declaraciones y documentación relevantes de las que disponía la Guardia Civil y, en algún caso, incluso la juez instructora, pero sin que ni mis mandantes ni el resto de las partes pudieran acceder a las mismas".

"En el presente procedimiento, la Guardia Civil ha realizado múltiples diligencias, que en algunos casos ha retenido durante más de un año, en otros casos aún retiene en su poder, y en otros ha entregado a la juez sin que las partes hayan podido acceder a las mismas al mismo tiempo que ésta", dice el letrado, que considera que, al dictar el auto, la juez "disponía al menos" de la declaración del exinterventor delegado en Empleo Juan Luque y documentación anexa a la misma, "que ni había sido incorporada oficialmente al procedimiento ni estaba a disposición de las partes".

Tras señalar que, a fecha de hoy, los imputados "siguen sin poder acceder a las declaraciones prestadas por numerosas personas ante la Guardia Civil", asevera que "es irrelevante si la ocultación se produjo de forma intencionada o por descuido", sino que "lo relevante es que la juez disponía de una declaración y documentación anexa que había sido proporcionada por la Guardia Civil, pero no había sido incorporada oficialmente al procedimiento ni puesta a disposición de las partes, y que, por tanto, no se respetó el derecho de las partes a conocer las actuaciones".

Todo ello "tiene una trascendencia fundamental, porque el hecho de que la juez disponga de diligencias policiales en las que se basa para adoptar resoluciones y para interrogar a imputados, sin que las partes dispongan de las mismas, constituye una grave vulneración del derecho de defensa".

En su opinión, el informe que aportó Juan Luque en su declaración "es fundamental para poner de manifiesto la inconsistencia de cualquier acusación penal en base al supuesto uso indebido del mecanismo presupuestario de las transferencias de financiación". "Es una documentación que socava de forma fundamental la base sobre la que pretende construirse dicha tesis, que no es otra que la existencia de un uso inadecuado del mecanismo" de estas transferencias.