El secretario del Juzgado de Elpidio José Silva ha destacado ante el instructor de la querella que la Fiscalía interpuso contra éste por varios delitos, entre ellos el de retardo malicioso en sus resoluciones, el alto volumen de trabajo que soportaban los trabajadores del mismo. En ello ha coincidido también el secretario del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, cuyo titular, José Antonio Toro, sustituyó a Silva cuando éste fue recusado por la defensa del presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, han informado fuentes jurídicas al término de la declaración de ambos como testigos.

Así, los dos funcionarios han constatado, según las fuentes consultadas, que el retraso procedía de la tramitación de los asuntos, derivado del numeroso trabajo, el traslado a las partes de los asuntos o la baja de trabajadores, pero no en la resolución de los mismos por parte de los titulares de los Juzgados.

También ha declarado como testigo el propio Toro, que ha ratificado que firmó el auto por el que Silva se inhibió de la causa en la que investigaba a Blesa por la concesión de un crédito de 26,6 millones al Grupo Marsans de Gerardo Díaz Ferrán en favor de la Audiencia Nacional, que fue rechazada por el magistrado Fernando Andreu.

Todas estas declaraciones fueron pedidas por la defensa de Silva, que también reclamó la de un agente de la guardia civil que intervino en la investigación del 'Caso Blesa' y las de los peritos de KPMG que redactaron un informe sobre la concesión del citado préstamo, las cuales tendrán lugar el próximo jueves. No obstante, el instructor de la querella de la Fiscalía contra Silva, Jesús Gavilán, ha rechazado que declaren como testigos Andreu y su compañero en la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, han precisado las mismas fuentes.

Estas declaraciones se producen después de que el pasado jueves el propio Silva justificara su decisión de enviar a prisión a Blesa en dos ocasiones al considerar que el riesgo de fuga crecía a medida que se acumulaban indicios contra él y en sus "relaciones" con políticos influyentes.

La Fiscalía acusa a Silva de dos delitos contra la libertad individual, uno de prevaricación y otro de retraso malicioso en la Administración de Justicia que podrían suponer la inhabilitación del magistrado.

Silva cumple en la actualidad una sanción de cuatro meses de suspensión que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le impuso en julio pasado por retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos, falta de motivación de sus resoluciones y desconsideración hacia los funcionarios de su Juzgado en causas no relacionadas con el 'Caso Blesa'. La que sí está relacionada con este caso es la multa de 1.000 euros que el CGPJ le impuso el pasado día 15 por hacer públicos a la prensa datos de esta causa.